Los catalanes viven menos en propiedad y más en alquiler que la media de España
La dificultad para acceder a una vivienda ya no es solo un problema económico, sino que, en Catalunya, empieza a marcar un cambio profundo en la forma de habitar. Según el estudio del Observatorio Social de la Vivienda de Prensa Ibérica y Banco Santander, efectuado por beBartlet como partner demoscópico a través de la empresa Cluster 17 y con la colaboración de Althena, la preocupación por el acceso a la vivienda alcanza un 8,3 sobre 10, un nivel muy alto y apenas inferior a la media española (8,6). La crisis habitacional se percibe como una realidad transversal, especialmente en las grandes urbes, donde el precio del suelo y el alquiler se han convertido en los principales obstáculos para la emancipación.
[–>[–>[–>Radiografía del mercado
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De este modo, Catalunya se consolida así como epicentro del cambio estructural en el mercado residencial. Mientras en el conjunto de España el 73% de la población vive en una vivienda en propiedad, en el territorio catalán esa cifra baja al 70%, y el peso del alquiler sube al 19%, dos puntos por encima de la media estatal. Esto contrasta notablemente con comunidades autónomas como Castilla y León, donde el 82% de sus habitantes reside en propiedad, País Vasco (79%) o la Comunitat Valenciana (78%).
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Y la tendencia se acentúa en los grandes municipios —como Barcelona y su área metropolitana—, donde la proporción de propietarios desciende hasta el 64%, una de las más bajas del país. De hecho, solo las Islas Baleares (58%) y la Comunidad Autónoma de Madrid (69%), donde la crisis habitacional también empuja con fuerza el precio de la vivienda, tienen porcentajes inferiores de propietarios.
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Si se observa cómo es la vivienda en la que residen los ciudadanos en función de su tendencia política, no existe una relación clara entre inclinación ideológica y forma habitacional. De este modo, votantes de Sumar (60% y votantes de Vox (68%), opuestos radicalmente en cuanto a ideas políticas, coinciden en ser los ciudadanos que menos vivienda en propiedad tienen, y los que más dependen del alquiler. Y Esquerra Republicana (ERC) sería el partido político que aglutina más personas con una vivienda en propiedad: el 84% de los votantes de ERC reside en propiedad.
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Brecha generacional
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La brecha generacional en la propiedad es uno de los indicadores más significativos del estudio. Solo el 19% de los jóvenes catalanes de entre 18 y 24 años dispone de vivienda propia, frente al 89% de los mayores de 75 años. Esta distancia ilustra una fractura económica que no deja de ampliarse, porque mientras los mayores consolidaron su patrimonio en un mercado estable y con créditos accesibles, los jóvenes se enfrentan a precios récord, salarios estancados y tipos de interés que encarecen la compra. El resultado es una generación atrapada entre el alquiler y la imposibilidad de ahorrar.
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Los datos reafirman los últimos resultados publicados el pasado mes de agosto por el Consejo de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), que alertó de una tendencia negativa en materia de emancipación juvenil y que, en el caso de los jóvenes catalanes, apenas el 17% de los menores de 30 años ha podido salir de casa de sus madres o padres. La culpa, básicamente, es de la vivienda y sus precios inasequibles, que para muchos se ha convertido en un símbolo de desigualdad intergeneracional. Por ello, no es de extrañar que la mayoría de votantes catalanes, sin importar su color político, esté de acuerdo en que la Generalitat ayude a financiar la entrada para la primera vivienda de este colectivo.
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Comparativa con España y percepción social
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En la comparación con el resto del país, la preocupación catalana (8,3) se mantiene prácticamente al nivel de la media española (8,6). Sin embargo, la intensidad del problema se multiplica en los entornos urbanos, y en los municipios de más de 250.000 habitantes, la inquietud escala hasta el 8,8, reflejo de un mercado que combina escasez de oferta, fuerte demanda y tensiones crecientes en los precios. Una inquietud que es especialmente intensa entre los votantes de Vox (9,2) y Sumar (9,0), lo que, una vez más, confirma la transversalidad ideológica del problema.
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