El mes de noviembre de 2025 comienza con un evento historico en España. Por primera vez, un fiscal general será juzgado por revelación de secretos, mientras continúa ejerciendo sus funciones. Siete magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo tendrá que decidir si Álvaro García Ortiz es culpable o inocente de haber revelado el dArchivos personales de Alberto González AmadorSocio de Isabel Díaz Ayuso. Pero el camino al banco fue diseñado con varios meses de investigación y más de un año con la fiscalía general del estado en la mira por sus presuntas acciones en marzo de 2024.

El comienzo de toda esta controversia se remonta a 2 de febrero de 2024. ese dia Carlos Neiraabogado del novio de Ayuso, envía al fiscal un correo con un propuesta de pacto en el que reconoce que González Amador podría haber cometido un delito contra el erario público. Este correo electrónico sigue sin ser de interés público durante más de un mes, pero el 12 de marzo Varios medios publican que la pareja de Ayuso podría haber cometido este delito.

Un día después, Miguel Ángel Rodríguez.El Consejo de Ministros de la Comunidad de Madrid desmiente la información y la justifica diciendo que es la Fiscalía la que propone el pacto con González Amador. Dada esta información esa noche se produce la supuesta fuga.

Las conversaciones del Fiscal General del 13 de marzo

Esa noche, el Fiscal General escribió a varios fiscales para buscar el correo electrónico entre la Fiscalía y el abogado de González Amador para poder desmentir, desde la Fiscalía, lo comunicado por la Comunidad de Madrid. El Fiscal General cita al fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez buscando “correos electrónicos cruzados”. Ella a su vez llama al fiscal. Julien Salto -que en ese momento estaba viendo un partido de Liga de Campeones del Atlético de Madrid- para enviarle el correo. Durante horas y casi hasta el amanecer, intercambian mensajes y correos electrónicos, hasta confirmar que tienen los correos. Antes de eso varios medios lo desmienten información de la Comunidad de Madrid, pero esto es sólo 23:51 después de que García Ortiz confirmara haber recibido el correo electrónico cuando la Cadena Ser incluyó una cita en una de las noticias de su página web. Esto, para el juez de instrucción, reúne las pruebas.

El comunicado de prensa del fiscal.

El 14 de marzo, la fiscalía emitió un comunicado negando la existencia de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Unas horas antes, el fiscal provincial de Madrid había dicho al fiscal general que quería añadir «no más cianuro«a esta nota de prensa, y el Fiscal General de Madrid, Almudena Lastra se niega a publicar dicha nota en papel membretado de la Fiscalía de Madrid. Finalmente la nota acaba de ser publicada con el sello de la fiscalía general.

Esa mañana, Juan Lobato también fue la primera persona en aparecer públicamente con el correo electrónico de González Amador. Tras ello, la pareja de Ayuso demanda a la Fiscalía General por presunta revelación de secretos. Fue entonces cuando la causa salió a la luz, primero por la nota de prensa, pero luego se extendió a la supuesta filtración. Se inicia una investigación y 16 de octubre la Corte Suprema -ya que García Ortiz fue habilitado- abre un caso contra el fiscal general.

La acusación y el juicio

Una vez abierto el expediente, se realizaron varias citaciones sucesivas a lo largo de meses. La UCO allana el despacho de Álvaro García Ortiz, afirman varios fiscales, juan lobatoo Pilar Sánchez Acera, hasta el 29 de enero de 2025, cuando el Fiscal General del Estado se declare imputado. Niega categóricamente la filtración, pero para el juez Ángel Hurtado Hay indicios razonables de que la filtración provino de la fiscalía. El 9 de junio el magistrado demandó al fiscal general, decisión que terminó siendo ratificada por el Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo y termina con un solo imputado: Álvaro García Ortiz. el fiscal general no renuncies y, cuatro días después de asistir a la apertura del año judicial, el juez Hurtado abrió juicio oral en su contra. Ahora serán 7 jueces diferentes los que tomarán la decisión final sobre el futuro del máximo responsable de perseguir los delitos.

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