El juicio comienza contra el fiscal general del estado. El histórico juicio contra el fiscal general del estado. Contra Álvaro García Ortiz. ¿Contra quién será juzgado por el Corte Suprema. Por una Sala Penal que ha acogido procesos de trascendental importancia. Pero nunca uno como este. Nunca uno donde se espera que asistan 50 personas por día y más de 200 periodistas para brindar cobertura informativa a las sesiones. A diferencia del juicio del ‘procés’, en esta ocasión no se transmitirá en vivo.

Está previsto que comience a las 10:00 horas. Está previsto que dure seis sesiones de mañana y tarde hasta el 13 de noviembre. Será en esos días cuando Aparecen ambos Alberto González Amadordenunciante y socio Isabel Díaz Ayusoy también unos 40 testigos entre fiscales, jefes del Ministerio Público, políticos, agentes de la UCOabogados y periodistas.

Lo harán en un proceso al que llega el fiscal general acusado de un presunto delito de revelación de secretos por, supuestamente, proporcionar el contenido confidencial del correo electrónico que el abogado Carlos Neira envió el 2 de febrero de 2024 a la fiscalía. En él, ofreció que el socio del presidente de la Comunidad de Madrid reconoció dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar ir a la cárcel.

González Amador pide que García Ortiz sea condenado a cuatro años de prisiónque sea suspendido de empleo y salario y que sea inhabilitado por el presunto delito que se le imputa. Además, exige una multa de 100.000 euros y también otros 300.000 por daño moraldebido a los «sufrimientos» familiares y morales que, según afirma, le ha causado la difusión de sus negociaciones de defensa.

Por su parte, la acusación particular no ha solicitado responsabilidad civil subsidiaria al Estado responder económicamente si el fiscal general no lo hizo si fue declarado culpable. Según cuentan, su decisión se basa en que «no todos los españoles respondemos económicamente de ninguna manera».

La defensa de García Ortiz

Pero lo primero será el proceso. Será el juicio que tiene García Ortiz en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En un lugar al que acudirá con dos escoltas y en un coche oficial de la sede de la Fiscalía General de la Nación, tal como lo hizo cuando se declaró investigado ante Ángel Hurtado, el magistrado instructor. Entrarás por la puerta principal.reservado a las autoridades.

Sus abogados, los abogados del Estado José Ignacio Ocio y Consuelo Castrollegarán por sus propios medios y accederán por el acceso de la calle Marqués de la Ensenada para encontrarse con García Ortiz en el interior del alto tribunal. Los ha elegido por decisión personal al entender que no podía dar la espalda a quien por ley es el encargado de representar a la Administración Pública, según fuentes.

Ocio es el mismo abogado del Estado que intervino en el ‘Caso Numérico’que acabó con la absolución de Ana Duato por delitos fiscales, y que defiende al delegado del Gobierno en MadridFrancisco Martín Aguirre, en el caso de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Además, García Ortiz ha reforzado su defensa con Consuelo Castro. Ambos se conocen de su etapa en Galicia, donde coincidieron como fiscal y abogado del Estado en el caso Prestige. De ahí, Castro saltó a la jefatura de la Fiscalía del Estado en 2018 en un cargo que ocupó hasta 2024 y desde el que impuso acusan por sedición y no por rebelión en el juicio del ‘procés’.

En la carrera de Castro también destaca su intervención para que el Estado recupere el control del Pazo de Meirás y los bienes que alberga, que estaban en manos de la familia del dictador francisco franco.

Durante el juicio, la defensa de García Ortiz Tiene previsto solicitar que el fiscal general siga las sesiones desde el estrado, sentado en bata junto a sus abogados, incluso el día que tenga que declarar. Ya en su declaración como investigado, el magistrado instructor le permitió declarar desde ese lugar.

Su defensa, en esta ocasión, también contará con el apoyo de la Fiscalía. En este caso, el Ministerio Público ha estado representado por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde. El número dos de la Fiscalía se abstuvo expresamente de actuar como lo haría el Fiscal General del Estado respecto de este caso para evitar cualquier conflicto de intereses. Además, se han reforzado para el juicio con un equipo en el que figura Javier Montero, fiscal superior de Extremadura.

Además, se da la circunstancia de que, bajo su dirección, la Fiscalía extremeña solicitó el archivo de la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que ya van a juicio.

El rojo de una habitación histórica

La Sala Penal está presidida por un estrado tallado en pura madera de caoba cubana. Ante ellos se sentarán los siete magistrados que juzgarán a García Ortiz. Sobre sus cabezas, una inscripción: ‘Justicia’.

A los lados, un rojo seda de damasco que recubre las paredes y varios candelabros y cinco ventanas. En el otro extremo de la sala, frente al patio, el cuadro ‘Cristo Crucificado’ del barroco Alonso Cano.

A la derecha de los magistrados se sentarán las acusaciones. El más cercano al juzgado será el abogado de González Amador. Junto a él, y por este orden, las acusaciones populares ejercidas por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Foro Libertad y Alternativa que se unifica con Vox y Hazte Escuchar, Manos Limpias y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). A la izquierda de Sus Señorías, por su parte, estarán la Fiscalía y la Fiscalía del Estado, esta última en defensa de García Ortiz. Tres escalones más abajo, el público se sentará en grandes bancos de madera oscura.

Se trata de la misma sala que en 1997 acogió el juicio de la Mesa Nacional Herri Batasuna, en el que fueron condenadas 23 personas por un delito de colaboración con el grupo terrorista ETA. También fue juzgado el entonces juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liañoquien terminó condenado por un delito continuado de prevaricación judicial y expulsado de la carrera por 15 años.

En 2017, el tribunal condenó a Francesc Homslíder del PDeCat, por un delito de desobediencia por la consulta del 9N. En 2021, Alberto Rodríguez fue juzgadode Podemos, que perdió el récord tras ser condenado por dar una patada a un policía. En 2022 se juzgará a Eulalia ReguantExdiputado de la CUP en el Parlament, por no contestar a Vox en el juicio del ‘procés’.

Este año hay juicio contra José Manuel Baltar, senador del PP, por circular a más de 200 kilómetros por hora por la A-52 en abril de 2023. En marzo tuvo lugar la vista pública de los recursos presentados por la defensa del expresidente catalán. Carlos Puigdemont y de los ex concejales Antoni Comín y Lluís Puig contra la decisión del juez Pablo Llena de no aplicar la amnistía por el delito de malversación el pasado 1 de octubre.

Sin transmisión en vivo

Y habrá una cola para entrar a la sala. Se espera que más de 200 periodistas de 59 medios de comunicación cubran un juicio que no se transmitirá en vivo. a la habitación Sólo podrán participar 20 editores y las primeras 50 personas. Que vengan y se alineen para presenciar el juicio. El resto de informantes deberán permanecer en los espacios habilitados de la biblioteca y en el salón de actos del tribunal, desde donde podrán seguir todo a través de una señal interna.

Además de que no habrá señal en vivo desde la página web del Poder Judicial, los medios de comunicación no podrán transmitir la audiencia ni en tiempo real ni en diferido por orden expresa de la Sala Penal.

Un juicio histórico es lo que espera. El que está delante. Uno en el que será juzgado el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. En el que el demandante es Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, a quien la Fiscalía acusa en otro caso de los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal y de haber defraudado más de 350.000 euros. La expectativa es máxima por un proceso nunca antes visto en la historia de España.

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