MADRID 2 de noviembre (EUROPA PRESS) –

El presidente del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, ha ordenado la conservación de la documentación y de todos los elementos materiales relacionados con la operación policial en la que murieron 121 personas el pasado martes en Río de Janeiro, respetando la cadena de custodia.

La decisión respalda un pedido de la Defensoría Pública de la Unión que pide preservar cualquier prueba de los delitos y garantizar la independencia técnica de la prueba pericial en los casos de delitos contra la vida, informa el diario ‘O Glovo’.

Se espera que el gobernador de Río de Janeiro, Bolsonaro Cláudio Castro, responsable último de la actuación policial, sea citado este domingo para garantizar el cumplimiento de la orden judicial.

El juez ha pedido a Castro que presente información detallada sobre la operación, incluida una justificación formal del grado de fuerza utilizada, el número de agentes que participaron, las armas utilizadas y el número total de muertos, heridos y detenidos. También ha solicitado las grabaciones de las cámaras corporales y que se preste atención a las víctimas.

Organizaciones civiles han denunciado torturas y ejecuciones sumarias durante el operativo policial en la favela Penha, que durante las protestas posteriores ha sido calificado de «masacre». Al menos uno de los cuerpos estaba decapitado y otros presentaban heridas punzantes o estaban atados.

Formalmente, los 2.500 agentes que participaron buscaban atacar a la organización criminal Comando Vermelho. El gobierno estatal aseguró el viernes que 42 de los 99 sospechosos identificados hasta el momento tenían órdenes de arresto pendientes y al menos 78 contaban con amplios antecedentes penales. Sin embargo, la fiscalía no había acusado a ninguno de ellos.