El Consejo de Ministros ha dado luz verde al llamado Estatuto del Becario, una norma que bebe de la reforma laboral de 2022 y que obligará a las empresas a pagar los gastos de los estudiantes en las prácticas que acogen, más de dos años después de que la vicepresidenta Yolanda Díaz firmara el acuerdo con UGT y CCOO, en los últimos tramos de la anterior legislatura.

«A partir de ahora las personas que se están capacitando tendrán derechos. Regularemos toda la formación con los límites precisos y, evidentemente, las empresas, las administraciones públicas tendrán obligaciones y deberes, y las personas que se estén formando también tendrán derechos y deberes», ha sostenido Díaz en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gabinete.

La norma ha llegado al Consejo de Ministros en primera vuelta casi dos años y medio después de que el Ministerio de Trabajo cerrara las negociaciones del diálogo social con un acuerdo del que se desvinculó la CEOE y que también recibió críticas de los rectores de las universidades.

El retraso en la tramitación legislativa tiene que ver con las diferencias que existían entre el ala socialista del Gobierno y Sumar, pero también con el resto de socios parlamentarios, que tendrían que darle el visto bueno para llegar al Congreso de los Diputados.

Díaz comenzó su intervención celebrando los datos de empleo publicados este martes, con el segundo mejor mes de octubre de la serie histórica, atribuyendo el comportamiento del mercado laboral a la reforma que ella misma negoció en 2021.

«Remar contracorriente hace mucho bien a nuestro país. El Ministerio de Trabajo ha remado a contracorriente en la reforma laboral y hoy es Marca España lo que estamos haciendo en el mundo del trabajo», defendió.