El Ministerio de Economía y Finanzas ha elaborado un proyecto de ley cuyo objetivo es establecer en Marruecos un marco legislativo integrado que regule el comercio de activos digitales y las finanzas descentralizadas (DeFi). Este sector ha permanecido hasta ahora fuera de la regulación formal.

La exposición de motivos del proyecto de ley, informa Hespress, indica que esta legislación busca alcanzar cuatro objetivos principales: proteger a los inversores; garantizar la integridad de los mercados y combatir el fraude y el blanqueo de capitales; además de promover la innovación en los sectores digital y financiero, y mantener su estabilidad.

El proyecto de ley estipula que los criptoactivos se consideran representaciones digitales de valor o derechos, negociables mediante tecnologías blockchain o sistemas de contabilidad distribuida. Esta definición cubre una serie de actividades clave asociadas con estos activos, tales como emisión, oferta pública, negociación, custodia y servicios de asesoría, definiendo así claramente los límites y responsabilidades dentro de este sector en auge.

Las medidas de seguridad incluyen la exclusión de las criptomonedas como moneda de curso legal; En cambio, se clasifican como una categoría separada de activos financieros. La negociación de estos activos debe realizarse exclusivamente a través de proveedores de servicios autorizados y en estricto cumplimiento de las normas del sistema monetario marroquí, garantizando así la protección del mercado y mitigando los riesgos asociados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Por su parte, Bank Al-Maghrib se comprometió a regular el uso de monedas estables y supervisar todos los flujos financieros relacionados con tokens respaldados por activos. Garantizará que todos estén respaldados por activos sólidos y líquidos y que los reembolsos se realicen mediante mecanismos transparentes y confiables.

Según el mismo proyecto de ley, el Banco de Marruecos también es responsable de garantizar la lucha contra el uso de información privilegiada, la manipulación del mercado y la difusión de información engañosa, actos punibles según las leyes que regulan el sector financiero.

La “Agencia Nacional de Inteligencia Financiera” (ANRF) xde será la encargada de supervisar la aplicación de los requisitos para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/FT) y monitoreará en qué medida los agentes del mercado de activos digitales respetan estos estrictos controles.

El proyecto de ley exige que todos los proveedores de servicios verifiquen la identidad de los clientes, mantengan registros de los datos relacionados con las transacciones durante un período no inferior a diez años, así como que informen obligatoriamente de cualquier transacción sospechosa de estar relacionada con actividades ilegales, con el fin de mejorar la transparencia y rastrear los flujos financieros.