Honduras se acerca a un punto de inflexión. Con una tasa de entre 20 y 25 homicidios por cada 100.000 habitantes y un promedio de seis asesinatos por día, el país sigue estando entre los más violentos de América Latina. A esto se suman más de 26.500 denuncias por violencia doméstica, más de 90 feminicidios y unos 250.000 hondureños desplazados debido a presiones criminales. Un panorama complejo que expone un modelo de seguridad agotado, sostenido por un estado de excepción extendido desde 2022 sin resultados y con efectos preocupantes en las instituciones.

En este contexto, la propuesta de seguridad de Salvador Nasralla emerge como un cambio radical y necesario. No se trata de una operación de marketing político, sino de un replanteamiento profundo del papel del Estado y de la forma en que un país puede recuperar el control territorial. El consultor político del candidato liberal indicó a los medios locales que «lo dejé claro en mis recomendaciones estratégicas en Argentina y Brasil: la seguridad no se improvisa; Está diseñado, ejecutado y evaluado con la frialdad de la técnica y la firmeza del liderazgo político.». Ese mismo enfoque es el que hoy exige Honduras.

El primer pilar del plan de Nasralla es la modernización tecnológica. Propone un sistema nacional de videovigilancia con reconocimiento facial, botones de pánico y un Centro de Monitoreo que integre información policial, penitenciaria y de movilidad. Este enfoque no es teórico. En Argentina, la implementación del Sistema Federal de Identificación Biométrica cambió la forma de investigar los delitos y permitió detenciones en tiempos récord.

Nasralla propone una reforma profunda de la Policía Nacional, desde los comandantes hasta la relación con los barrios. Sugiere aumentar el número de agentes, purgar a los vinculados a la extorsión -una denuncia que él mismo ha puesto valientemente sobre la mesa- y desarrollar una policía comunitaria que viva donde patrulla. Cuando en Argentina se impulsó el modelo de proximidad con el control civil, las mejoras en materia de denuncias y convivencia fueron inmediatas. Recuperar la confianza entre los ciudadanos y la Policía no es un lujo; sino un requisito mínimo para que la seguridad funcione.

Quizás el punto más crítico del plan sea la intervención del sistema penitenciario. Nasralla ha descrito lo que todos saben, pero pocos se atreven a decir: Las prisiones hondureñas están controladas en gran medida por redes criminales que deciden custodios, directores y hasta jueces. Su propuesta de instalar administradores certificados, eliminar privilegios y establecer trabajos obligatorios con penas reducidas por productividad refleja prácticas que hoy se aplican con éxito en las unidades penitenciarias argentinas. Convertir las prisiones en centros productivos no es un ideal, es un mecanismo probado para recuperar el control interno y reducir la reincidencia.

La seguridad no será sostenible si no se ataca la narcopolítica y la captura del Estado por redes criminales. Nasralla propone instalar una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidadcon total independencia; una medida pospuesta durante mucho tiempo debido a la falta de voluntad política. También propone continuar y fortalecer la extradición de narcotraficantes y funcionarios corruptos, algo fundamental para desmantelar el sistema de impunidad.

A modo de ejemplo, en Argentina la trazabilidad obligatoria en las obras públicas permitió cortar filtraciones millonarias. Honduras podría frenar, por primera vez, la sangría que Nasralla resume así: «Los corruptos se roban una cuarta parte del presupuesto nacional».

Finalmente, su propuesta de crear una fuerza de élite formada en el exterior, centrada en el secuestro, el crimen organizado y el narcotráfico, pretende cerrar el círculo estratégico. Sin una unidad especializada, ningún país puede enfrentarse a organizaciones que operan con financiación internacional y estructuras paramilitares.

Un punto que marca la diferencia es que Nasralla ya se reunió personalmente con los artífices del plan de seguridad implementado por Nayib Bukele en El Salvador. No replicarlo o «importar» un modelo extranjero, sino entender su diseño estratégico, sus mecanismos de control territorial, su matriz de inteligencia y su arquitectura operativa.

Nasralla busca adaptar lo que funciona, no repetir lo que no se ajusta a la realidad hondureña. Como todo liderazgo serio, se nutre de experiencias regionales exitosas, pero mantiene la brújula del respeto institucional y la construcción de un modelo propio.

Esta visión comparada, informada y profesional es exactamente lo que diferencia a un estadista de un improvisador.

El plan de Nasralla no es una copia, ni un eslogan, ni un deseo voluntarista. Es un cambio de paradigma basado en la evidencia, en prácticas que ya funcionaron en otros países (incluidos Argentina, Brasil y El Salvador) y en un principio esencial: la seguridad es una política de Estado, no un arma electoral. En las elecciones del 30 de noviembre Honduras se juega la posibilidad real de recuperar la paz, el orden y el futuro. Y, para ello, se necesita un liderazgo que combine visión, coraje y técnica.