El alcance de esta mayor participación está aún por definir y dependerá, según las fuentes de ambos lados de la negociación consultadas, de la valoración que se haga de la coste real para la Generalitat de las competencias asumida por Cataluña más allá del perímetro compartido con el resto de comunidades autónomas de régimen común.

La definición de este inventario de competencias propias también está en lo más alto de la mesa de negociación y, sobre el papel, incluirá cuestiones como la gestión compartida de la red de cercanías catalana (Rodalies), los Mossos d’Esquadra, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social -transferida desde 2010- o la política penitenciaria. El plan conjunto elaborado por el Ministerio de Hacienda y la Generalitat pasa por justificar esta mayor participación de Cataluña en el pastel de los grandes impuestos estatales por el coste adicional para la Generalitat de las mayores competencias que asume respecto a otras comunidades autónomas de régimen común. De esta forma, entienden, se reconoce la singularidad de Cataluña sin caer en ninguna discriminación objetiva respecto de otras comunidades autónomas, que podrían reclamar el mismo tratamiento fiscal al asumir la gestión de un perímetro de competencias similar.

una canasta más grande

La Generalitat asume que la negociación abierta con Hacienda sobre el modelo de financiación supondrá un mayor flujo de rentas hacia Cataluña. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió este lunes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el modelo que perfila el Ministerio de Hacienda aspira a una mayor corresponsabilidad fiscal, pero también aclaró que ello no supondrá la creación de ningún nuevo impuesto para alimentar las arcas autonómicas.

Sí, está prevista la inclusión en el nuevo modelo de figuras ya existentes cuyos ingresos van a parar a las autonomías, pero que no forman parte del sistema. En la reunión del Consejo de Política Fiscal se habló del impuesto bancario, pero también se especula con la posibilidad de incluir el Impuesto sobre el Patrimonio, que no se incluyó en 2009 porque el Gobierno de Zapatero acababa de derogarlo pero que se entiende que forma parte de la cesta tributaria a partir de la cual se mide la capacidad tributaria de las comunidades autónomas.

El Sin embargo, la verdadera negociación se produce en torno al impuesto sobre la renta de las personas físicas y el IVA.. El Ministerio ya ha dejado claro a la Generalitat y a ERC que descarta por completo la transferencia del 100% de la recaudación del IRPF, pero según las fuentes consultadas, ha ofrecido la opción de transferir un porcentaje mayor del impuesto -actualmente las Comunidades Autónomas han transferido el 50%, con capacidad de regular y modular su recaudación-, siempre y cuando esta transferencia se sustente en la necesidad de cubrir gastos asociados a las llamadas competencias no homogéneas, puesto que los homogéneos ya están cubiertos con la porcentaje de transferencia actual.

Hacienda ya ha dicho en público, además, que su intención es agilizar el sistema por el que las comunidades autónomas reciben la recaudación que les corresponde por el IRPF. Hoy se paga en forma de cuotas a cuenta que se calculan por adelantado, pero el Ministerio espera que queda automáticamente transferido a las CC.AA. para evitar el desequilibrio actual que supone que la totalidad de los ingresos a los que tienen derecho no se perciban hasta dos años después.

Un caso aparte es el IVA. Hacienda se ha trasladado a la Generalitat su voluntad de cambiar los criterios actuales con el que el sistema de financiación determina el reparto entre las autonomías del 50% del IVA que les corresponde y cumple con lo acordado en su momento por PSC y ERC para que la Generalitat pueda quedarse con la mitad del IVA que ingresan en Hacienda las pymes domiciliadas en Cataluña.

El régimen determina el reparto del IVA en función del peso que cada autonomía tiene en el consumo nacional total en cada año, cálculo realizado por el INE y que otorga a Cataluña el 19,87% de la tarta impositiva regional, con una tendencia decreciente por el peso creciente de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, según datos oficiales de Hacienda, las empresas domiciliadas en Cataluña, la mayoría pymes, reciben el 21,85% del IVA pagado. Cambiar los criterios podría aportar a la Generalitat entre 500 y 700 millones de euros más al año en recaudación del IVA, en función del peso real que tengan las pymes en la totalidad de las tasas que se pagan en Cataluña.

Evaluar el costo de la unicidad

«Lo que hay que hacer es calcular bien el coste que supone el ejercicio de las competencias que hemos asumido tiene para los catalanes y exponer de forma transparente en el nuevo modelo las vías a través de las cuales el Estado les financiará suficientemente», explicaba a ABC hace unas semanas un alto cargo del área económica de la Generalitat. El último informe de Fedea sobre la liquidación del sistema de financiación autonómica en 2023 revela que además de los fondos que le corresponden para prestar servicios básicos, Cataluña recibió ese año del sistema algo más de 3.500 millones de euros procedentes del sistema de financiación de competencias singulares.

La negociación entre Hacienda y la Generalitat pretende reevaluar la adecuación de esa cantidad a los costes reales que tiene para la Generalitat el ejercicio de estas competencias y, además, introducir a través del sistema toda una serie de transferencias que hoy se hacen a través de los Presupuestos. Este año, sin ir más lejos, hay previstas transferencias específicas a la Generalitat de Cataluña por valor de más de 1.700 millones de euros.

Según el esquema que se está negociando, el resultado de estos cálculos marcará una especie de estimación de la actual infrafinanciación de Cataluña y determinará los recursos extra que el futuro sistema de financiación dará a Cataluña.