Renovación del Tribunal Constitucional | El Tribunal Constitucional afronta una nueva renovación abocada al bloqueo que permitirá alargar la presidencia de Conde-Pumpido
Los magistrados del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido (presidente del órgano), María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías concluyen el próximo miércoles 17 de diciembre el mandato que les encomendó el Senado, donde fueron elegidos siguiendo la costumbre de un pacto dos a dos entre PSOE y PP que a día de hoy parece complicado para elegir a sus sutitutos. La situación parece abocar a un bloqueo que permitirá alargar la presidencia de Conde-Pumpido precisamente a cuenta del PP, pese a las fuertes críticas que su gestión ha venido despertando entre los de Alberto Núñez Feijóo.
[–>[–>[–>La elección de los magistrados y la conformación del equilibrio de fuerzas en el órgano de garantías tiene gran trascendencia a tenor de las resoluciones que finalmente se adoptan, por mucho que a los magistrados les desagrade que se les etiquete como conservadores o progresistas. Así lo demuestra la actuación del propio órgano y sus fracturas por «sensibilidades» en temas de especial relevancia como han sido la ley de amnistía, del aborto o la anulación de las condenas de los ERE, donde ha primado la mayoría más afín al Gobierno. Con mayoría conservadora, el Constitucional adoptó en el pasado decisiones de otro cariz como fue la declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma.
[–> [–>[–>Conde-Pumpido, Balaguer y Enríquez tomaron posesión de sus cargos en marzo de 2017, si bien de sus nueve años de mandato debe restarse ahora los meses que duró la negociación que permitió su acceso al órgano de garantías. Macías no entró a formar parte del tribunal hasta septiembre del pasado año para sustituir la baja por enfermedad que había dejado vacante Alfredo Montoya, y la ley permite que pueda ser propuesto de nuevo por el Partido Popular, de modo que su presencia en este órgano, donde realiza un papel relevante dentro del sector conservador, pueda prolongarse durante 9 años más, según fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO.
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El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante la reunión ‘Independencia de los Tribunales Constitucionales’, en IFEMA, el 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). El encuentro se enmarca en la VI Conferencia Mundial sobre Justicia Constitucional que ha organizado el Tribunal Constitucional bajo el título ‘Los derechos humanos de las generaciones futuras’, y cuenta con la asistencia de más de 90 delegaciones de los principales juzgados y tribunales constitucionales de todo el mundo. 30 DE OCTUBRE DE 2025 Ricardo Rubio / Europa Press 30/10/2025. CÁNDIDO CONDE-PUMPIDO;Ricardo Rubio;category_code_new / Ricardo Rubio / Europa Press
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Esta misma semana, y en sede parlamentaria, el ministro de Justicia, Félix Bolaños se dirigió al secretario general del PP Miguel Tellado ofreciéndole iniciar las negociaciones para proceder a la renovación. «Diga día y hora para vernos usted o quien designe el PP esta semana o la siguiente para trabajar y renovar los cuatro magistrado del Tribunal Constitucional que la Constitución nos obliga», le dijo.
[–>[–>[–>La propuesta se produce con los antecedentes de un persistente bloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial que duró casi seis años hasta un acuerdo entre los dos principales partidos. Y tras una agónica última renovación del Constitucional a finales de 2022, derivada de esta falta de acuerdo, ante la negativa del nucleo duro conservador del órgano de gobierno de los jueces a elegir los dos candidatos que les correspondían para sumar a los otros dos propuestos por Gobierno.
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El guante lanzado por Bolaños no ha sido recogido por el momento por el PP, que alarga la posibilidad de sentarse ya a negociar esta renovación argumentando que, al tratarse del Senado, es necesario que inicialmente los parlamentos autonómicos propongan los nombres de sus candidatos –como señala la ley– una obligación que se complica en plena temporada elecciones autonómicas como la que ya ha se ha iniciado en Extremadura, donde la cámara ya ha sido disuelta. En el horizonte, los comicios previstos en el primer semestre del próximo año en Castilla León, Andalucía, y previsiblemente también en Aragón.
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[–>Se avisó hace cuatro meses
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Dentro del Tribunal Constitucional defienden que las renovaciones deben realizarse en el plazo legalmene establecido por la Constitución, es decir, por tercios cada tres años. De hecho, ya a finales del pasado mes de julio –-con cuatro meses de antelación– el presidente Conde-Pumpido remitió una misiva al Senado advirtiendo que en diciembre caducará su mandato y el de otros tres magistrados, por lo que la Cámara Alta debía activar un proceso de sustitución que obligará además a elegir un nuevo presidente.
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Una vez cumplimentado este trámite, desde el Constitucional se asume que su renovación obedece a una actuación de naturaleza estrictamente política dirigida a lograr unos candidatos que puedan conseguir el apoyo de los tres quintos de la Cámara –el PP alcanza únicamente la mayoría absluta– un requisito constitucional que no siempre es fácil de conseguir.
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El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido y los magistrados Inmaculada Montalbán Huertas, Ricardo Enríquez Sancho, María Luisa Balaguer Callejón, Ramón Sáez Valcárcel, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera, María Luisa Segoviano Astaburuaga, César Tolosa Tribiño, Juan Carlos Campo Moreno, Laura Díez Bueso y José María Macías Castaño, durante una Pleno jurisdiccional, en la sede del Tribunal Constitucional, el 14 de enero de 2025, en Madrid (España). POLÍTICA Marta Fernández – Europa Press / Marta Fernández – Europa Press
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«Lo cierto es que en la realidad hace mucho tiempo que las renovaciones del Constitucional siempre se producen con cierto retraso, dada la dificultad de obtener el consenso exigido por la Constitución», reconocen fuentes del órgano a EL PERIÓDICO. Los magistrados consultados evitan pronunciarse sobre esta negociación y defienden que la propia Ley establece que el órgano siga funcionando, sin afectar a su función.
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¿Cuatro candidatos del PP?
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A los magistrados les llegan todo tipo de teorías sobre el interés de los partidos, como la que permite apuntar que la década progresista que auguró la última renovación a finales del 2022 podría concluir si el PP decide esperar hasta lograr –vía elecciones generales– tener una mayoría suficiente en el Senado para proponer sus cuatro candidatos sin tener que pactar nada con el PSOE.
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La mismas fuentes consideran que es muy difícil, prácticamente imposible, que se alcance esa mayoría de tres quintos por un solo partido, máxime en el actual momento de desaparición del bipartidismo que había venido producido un relevo más o menos constante en el equilibrio de fuerzas –actualmente es de siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores– desde el inicio de la democracia.
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Otra teoría señala que al PP le perjudicaría enormemente en su competición con Vox llegar en este momento a un pacto con el Gobierno, máxime si ese pacto (dos candidatos cada uno) permite dar continuidad a la mayoría progresista del órgano. Lo que es seguro es que ni siquiera se ha solicitado a las Comunidades Autónomas aún que hagan sus propuestas, para lo que tienen dos meses prorrogables, por lo que se da por seguro que el retraso será prolongado.
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Una década progresista
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La lógica bipartidista que ha existido hasta ahora en nuestro país ha permitido que, durante los 45 años de historia del Tribunal Constitucional las designaciones que marcan la diferencia sobre la ‘sensibilidad’ del tribunal -si existe mayoría de magistrados conservadores o progresistas en un momento dado- fueran las que corresponde efectuar al Gobierno de turno. El actual equilibrio de fuerzas en el Constitucional deriva del momento en el que los últimos magistrados, dos por el Gobierno y los dos del CGPJ, tomaron posesión en enero de 2023. Ello permitía augurar una mayoría progresista hasta pasado el 2030 tras la última renovación.
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Esto es por el equilibrio que se presupone en los nombramientos de los diez magistrados restantes, que son nombrados gracias al acuerdo político en el Parlamento –dos a propuesta del PSOE y otros dos a propuesta del PP, tanto en el turno del Congreso como el del Senado–, pero esta previsión podría ahora romperse.
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