El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró este miércoles un «emergencia económica y social» ante la crisis que vive el país, con medidas como eliminación del subsidio al combustible y aumentos del salario mínimo nacional y algunos bonos sociales para proteger «a quienes más lo necesitan».

En un mensaje televisado, Paz anunció que se emitió un decreto que calificó como un «decisión histórica para salvar la patria» que permitirá «actuar con rapidez, coordinar al Estado y tomar acciones firmes para estabilizar la economía, proteger a las familias bolivianas y crecer en la producción».

«Asumimos el Gobierno de un país profundamente herido en su economía, en sus reservas, sin dólares, con una inflación creciente, sin combustible y con un Estado vaciado desde dentro. Bolivia está enferma, la devastaron como en la guerra.. Nos dejaron tranquilos, nos saquearon como país”, afirmó el presidente.

«La peor crisis de la historia»

Paz, quien juró su cargo el 8 de noviembre, afirmó que recibió un país con «la peor crisis económica, financiera, social y ambiental» de su historia, con un «déficit gigantesco, reservas internacionales agotadas», empresas públicas «saqueadas y un Estado convertido en botín por bandoleros que gobernaban para ellos mismos y no para el pueblo boliviano.

El presidente señaló que la «emergencia económica, financiera, energética y social fue declarada porque Bolivia no podía seguir funcionando con las normas de los últimos 20 años», de los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

«Hemos tomado una decisión central, proteger el bolsillo de la gente y brindar certeza en energía y combustibles, con precios claros y suministro garantizado», dijo Paz y destacó la importancia de precios «honestos» de los hidrocarburos.

En Bolivia, la litro de diesel y gasolina Se vende a un precio subvencionado de alrededor 0,53 dólares, que se mantiene estable desde hace más de 20 años y que anualmente representa un coste para el Estado de más de 2.000 millones de dólares.

El decreto anunciado por Paz establece aumentos en los precios de las gasolinas, diésel, querosenos, turbosina y diésel, y mantiene el costo de una botella de gas licuado de petróleo (GLP) en sólo 22,50 bolivianos (3,23 dólares).

La gasolina especial costará 6,96 bolivianos el litro, equivalente a un dólar; la gasolina premium será de 11 bolivianos ($1,58); el litro de diésel a 9,80 bolivianos (1,40 dólares); la gasolina de aviación a 10,57 bolivianos ($1,51) y el combustible para aviones a 10,74 bolivianos ($1,54), las cuales tendrán una vigencia de seis meses.

Paz también anunció un «régimen extraordinario de repatriación de capitales con 0% impuestos«, con el fin de recuperar liquidez y también dijo que se liberarán las exportaciones y se eliminará el diésel de la lista de sustancias controladas para facilitar su importación, entre otras medidas.

Además, su Gobierno dispuso que a partir del próximo 2 de enero, el Salario mínimo nacional aumentará 20%, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares) y que el monto será revisado a finales del próximo año en base a «datos de inflación real» y mediante el diálogo con trabajadores y empresarios privados.

El presidente sostuvo que el decreto también «tiene un firme corazón social», ya que prevé aumentos en Dignidad del ingreso para los adultos mayores, de los 300 bolivianos actuales a 500 bolivianos (de 43 a casi 72 dolares) y el Bono Juancito Pinto, un incentivo anual para prevenir la deserción escolar, de 200 a 300 bolivianos (de 28,7 a 43 dólares).

Paz justificó que «No es asistencia social, es ayudar a las familias que quedaron destruidas tras el saqueo de los últimos 20 años».

Tras el mensaje presidencial, se formaron largas filas en las gasolineras y algunos sectores sociales amenazaron con movilizarse contra el retiro del subsidio.

El Ejecutivo presentó este lunes una comisión que investigará la presunta corrupción en el área de hidrocarburos durante los gobiernos de Morales y Arce, y también denunció un supuesto daño económico de 2.595 millones de dólares por «inviables» empresas estatales y plantas industriales impulsadas en ambas administraciones.