La causa que se sigue en la Audiencia Nacional por presunta organización criminal contra la ex militante del PSOE Leire Díez prevé interrogar a más investigadores. El procedimiento es secreto a la espera de que la Guardia Civil estudie todo el material incautado en los registros de mediados de diciembre en el marco de esta investigación por un presuntoo manipulación a gran escala de contratos públicos. Así, se espera que permanezca bajo secreto de sumario durante las próximas semanas y, una vez que se levante, más personas involucradas en los hechos serán escuchadas ante los tribunales.

Así lo confirman a LA RAZÓN fuentes de esta investigación en el marco de la que el pasado 10 de diciembre fue detenido el conocido como «fontanero» de Ferraz, además del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, también investigados en el caso Koldo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tuvo que acelerar la operación por temor a una fuga a los detenidos. También condujo a registros en la sede de la SEPI y de empresas vinculadas a la entidad porque fueron las que firmaron los contratos que ahora investiga la Audiencia Nacional.

En concreto, se trata de cinco operaciones por un importe superior al 133 millones de euros. La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 del Juzgado, ha acreditado la intermediación de estos tres imputados en la firma de contratos públicos. A cambio, comisiones de aproximadamente 730.000€ que invirtió mayoritariamente en la compra de inmuebles en Jaca y Marbella. Otra parte de estos fondos se distribuyó individualmente, variando el volumen de ingresos según la persona. Así, por ejemplo, el expresidente de la SEPI se habría llevado 49.350 euros. Además, resulta claro que utilizaron la empresa Mediaciones Martínez para canalizar estos fondos. Se trata de una firma que opera desde 2024 bajo el nombre de Promociones Inmobiliarias Ku-Ma SL y está dirigida por Carmelo Aznárez; un asesor fiscal que aparece vinculado a veinte empresas.

Ocultar el origen de los fondos.

Sin embargo, la información incautada en los registros de mediados de diciembre puede arrojar mucha más luz sobre estas investigaciones que se siguen por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación y prevaricación. Además, se ha confirmado que los detenidos formaban parte de un grupo que se autodenominaba «Hiroruk» y se encontraron en un apartamento ubicado en diego de leondesde donde estudiaron sus operaciones. Cabe recordar que Fernández fue presidente de la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019, sin embargo, mantuvo su influencia dentro de la empresa en los meses en los que Bartolomé Lora ejerció como presidente en funciones.

De hecho, las investigaciones se centran en los contratos firmados por esta empresa pública adscrita al Ministerio de Hacienda y otras también dependientes de él entre los años 2020 y 2021. De todos ellos destaca el rescate de la empresa Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros. La entidad justificó este desembolso destinado a empresas afectadas por la pandemia «carácter estratégico» de la empresa vasca, así como por el tamaño de su plantilla. Los investigadores sospechan que los tres cabecillas se embolsaron una comisión de 114.950 euros.

A esto se suman los pagos al despacho de abogados SDP Carrillo y Montes por Enusa (empresa pública participada al 60% por la SEPI y en la que Leire Díez ejerció como responsable de comunicación entre 2018 y 2021). La UCO sospecha que el contrato, que incluía sobrecostes del 50%, fue firmado con el fin aparente de dar soporte jurídico al desarrollo de la operación. Destaca también la concesión de «ayudas» otorgadas por sepides (dependiente de la SEPI) a la empresa Aparapellet por 17,3 millones de euros o la adjudicación de un contrato público por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) a favor de Construcciones y excavaciones Erriberri por un importe de 2,8 millones de euros.

El quinto y último contrato investigado fue firmado por Mercasa a favor de Servinabar por 18.119 euros. Así se justificó en la elaboración de un informe técnico desde las oficinas de esta empresa, participada en un 51% por la SEPI, aunque el juez sospecha que se dio cobertura a una supuesta solución «mentirosa». La Guardia Civil ya investigó a esta empresa en el caso Koldo por firmar contratos millonarios de obra pública en UTE con Acciona. Además, en la búsqueda de la vivienda de su propietario, Antxon Alonso, encontraron una escritura de compraventa del 45% de las acciones firmada por Santos Cerdán. El exdirigente socialista negó que tuviera nada que ver con la firma, pero reconoció ante el tribunal su amistad con el empresario ahora investigado.

Cita de los más investigados.

Tras su detención, Alonso Fernández y Díez fueron puestos a disposición judicial. El magistrado Antonio Piña los dejó en libertad sujetos a las medidas cautelares de retirada del pasaporte, prohibición de salida de España y comparecencias quincenales. En ese procedimiento, el único que accedió a responder las preguntas de los investigadores fue Fernández, quien negó cualquier irregularidad. Sin embargo, los agentes ya se están centrando en el estudio de todo el material intervenido en los registros y no se descarta que puedan surgir nuevas pruebas. La UCO entró en las oficinas de la SEPI en Madrid, así como en Sepids, Enusa, Mercasa Forestalia y domicilios en Madrid, Zaragoza y Sevilla. Además, Fueron a la oficina de correos. (donde fue Directora de Relaciones Institucionales) y a los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.

Además, los investigadores han detectado que los tres detenidos no actuaron solos, sino que en algunos contratos, como el caso de Mercasa, lo hicieron en connivencia con directivos de esta firma pública. De hecho, en el proceso se está investigando a más personas. Sin embargo, sus identidades permanecen ocultas hasta que el magistrado que ha asumido el caso, Santiago Pedraz, levanta su secreto. Posteriormente se citará al resto de los imputados en la causa. Por ahora, Las cuentas bancarias de los principales cabecillas siguen bloqueadas. La medida fue adoptada mientras el magistrado Piña se encontraba en funciones y fue confirmada por el actual instructor, cuando asumió el control de las diligencias.