La reciente derrota en el Congreso del llamado decreto ómnibusque combinó el aumento de las prestaciones con la ampliación del escudo social y otras medidas, dejó al ejecutivo en una posición delicada, repitiendo un escenario ya vivido el año anterior y que puso fin a las exigencias de Sánchez en el lienzo

El texto rechazado preveía un aumento general del 2,7% de las pensiones contributivas. Una cifra suspendida tras el voto negativo de PP, Vox y Junts. El argumento de esta propuesta no fue la inclusión de la moratoria antidesalojos para familias vulnerables, vista por la derecha y algunos socios nacionalistas como un obstáculo que beneficia a los inquilinos morosos y perjudica a los propietarios.

Con los salarios de febrero a la vuelta de la esquina, el ejecutivo no puede permitirse el lujo de retrasar la solución. Fuentes cercanas a Moncloa indican que el nuevo decreto se aprobará en el Consejo de Ministros lo antes posible, idealmente este martes o, como tarde, la semana que viene, pero para obtener los votos necesarios en el Congreso, el PSOE tendrá que hacer concesiones que van más allá de lo inicialmente previsto.

Juntos en la llave

La clave está en Juntoscuyo rechazo fue decisivo durante la primera votación. Los separatistas catalanes exigen cambios sustanciales en las medidas de vivienda de protección social, incluida la suspensión de los desalojos que quieren reprimir, y han puesto sobre la mesa demandas adicionales para recuperar la confianza perdida. El PNV, aunque más moderado, también se ha mostrado cansado de la estrategia de decretos que mezclan cuestiones consensuadas (como las pensiones) con cuestiones controvertidas, y exige más diálogo y garantías para los pequeños propietarios.

El problema está empeorando para Pedro Sánchez porque dentro de la coalición, Agregar presión para preservar al máximo el paquete social y evitar que la moratoria contra los desalojos caiga por completo.

Así, o se aprueba la revalorización sin acompañar esta ley de otros accesorios, o se negocian enmiendas o compromisos paralelos -como ayudas adicionales a los propietarios o ajustes a la moratoria- que convenzan a Junts y al PNV sin romper del todo la mayoría de investidura. El problema para el gobierno y los jubilados es que esta última opción es la que parece más lenta de implementar.

Aunque nadie duda de que las pensiones acabarán aumentando, el precio político podría volver a ser alto para el Estado en forma de más concesiones territoriales. Lo que este último episodio revela es la fragilidad del ejecutivo.

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