El caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein vuelve a la palestra luego de que el Departamento de Justicia publicara más de tres millones de documentos sobre la investigación en cumplimiento de la «Ley de transparencia de archivos Epstein» (Ley de transparencia de archivos Epstein). A medida que avanza el análisis de tan enorme cantidad de expedientes, los más afectados vuelven a ser las víctimas del multimillonario neoyorquino.

Lo que comenzó como un ejercicio de transparencia se ha convertido en un nuevo golpe para decenas de mujeres quienes han visto su identidad expuesta al público después de años de anonimato. La web oficial de la Administración que publica los expedientes alertaba de que esto podría ocurrir, ya que dado el enorme volumen de documentos que podría haber sido incluyó por error información personal o contenido sensible. Un aviso que, en la práctica, traslada a las víctimas la responsabilidad de detectar fallos en su propia protección, con la tarea de revisar e identificar sus nombres para reclamar correcciones.

Miles de errores

Hay datos de al menos 47 víctimas que aparecen sin borrar ni intentar ocultar su identidad. Algunos de estos nombres incluso se repiten decenas de veces y, en algunos casos, también se agrega información adicional sobre la persona afectada. En otros, se cuentan fragmentos de historias traumáticas que, ahora que vuelven a ser protagonistas, muchos de ellos han revivido sin haberlo visto venir. Los representantes legales de decenas de mujeres afectadas afirman que el viernes comenzaron a recibir llamadas telefónicas de sus clientes cuando se publicaron los expedientes, denunciando que su nombre estaba incluido.

Así lo explicó a ABC News el abogado Brad Edwards, abogado de una de las víctimas: «Estamos recibiendo llamadas constantes de las víctimas porque sus nombres, a pesar de que nunca habían sido presentados públicamente y eran completamente desconocidos para el público, acaban de ser revelados«, afirmó, «hay literalmente miles de errores». En este punto, la desclasificación de documentos se convierte en un problema de seguridad, ya que muchos denuncian un nueva ola de acoso digital y temen acoso por la exposición a la que han sido sometidos sin previo aviso o autorización.

Las defensas ya se han puesto manos a la obra y han pedido al tribunal que ordene al Departamento de Justicia eliminar información del sitio web donde se haya publicado, al menos temporalmente hasta que se resuelva el fallo y se revise minuciosamente toda la información. En su petición, también piden al juez que designe un «supervisor externo» para garantizar que las prisas y la falta de atención al publicar esta información no expongan a las víctimas.

Por su parte, los supervivientes han reaccionado a través de un comunicado y han denunciado públicamente que sus presuntos los agresores «permanecen ocultos y protegidos», sin rendir cuentas ante la ley, y que cualquier proceso de transparencia debe comenzar por proteger su seguridad e identidad a la que tienen derecho por ley.

seis semanas después

Este nuevo lote de documentos llega seis semanas después de la fecha límite dada por el Congreso para su publicación. Todos los materiales no clasificados, con excepciones limitadas, deberían haberse compartido con el público antes del 19 de diciembre de 2025. El Fiscal General Adjunto, Todd Blanchedijo el viernes que la Casa Blanca no intervino en el proceso de revisión de los millones de documentos recientemente publicados por el Departamento de Justicia, incluidas fotografías y videos. Blanche aseguró que varios documentos habían sido excluidos de su publicación por su carácter sensible, ya sea por información personal de las víctimas, sus registros médicos o imágenes de pornografía infantil.

Blanche también ha insistido en que la existencia de material «horrible» no significa automáticamente que exista una base procesal para nuevas acusaciones. Un mensaje que envía luego de que se supo que El nombre de Donald Trump aparece más de 1.000 veces en la nueva entrega de documentos, y en al menos 12 denuncias de acoso sexual ocurridas en Mar-a-Lago. Información que, según el relato del FBI, nunca fue posible corroborar (en algunos casos ni siquiera se contactó con la víctima), por lo que el Departamento de Justicia no vio base suficiente para iniciar una acusación penal.