Mientras el Gobierno español mantiene su hoja de ruta de cierre nuclear entre 2027 y 2035, el consejo internacional avanza en la dirección contraria. Alemania –el epicentro político del antinuclearismo europeo– ha comenzado a repensar su posición en un contexto de crisis energética y pérdida de competitividad industrial. Francia consolida su flota y proyecta nuevos reactores. El Reino Unido quiere cuadruplicar su capacidad de aquí a 2050. Bélgica alarga diez años la vida de sus plantas. Suecia construirá una nueva planta en 2026. Suiza está considerando derogar la prohibición de nuevas plantas. Italia prepara un marco para reintroducir la tecnología nuclear. Y en Estados Unidos, los reactores ya apagados se reinician para abastecer la creciente demanda de los centros de datos.

El cierre implicaría emitir 21 millones de toneladas extra de CO2

El mensaje es inequívoco: la energía nuclear ha vuelto al centro de la estrategia energética mundial. La COP28 incorporó explícitamente la energía nuclear como herramienta para acelerar la reducción de emisiones y 24 países se comprometieron a triplicar la capacidad global para 2050. Además, la Unión Europea la ha incluido en la taxonomía verde de las inversiones sostenibles. No es una etiqueta política, es el reconocimiento de que es una fuente baja en carbono, firme y estratégica para la neutralidad climática.

En España, sin embargo, el debate sigue anclado en 2019. Desde entonces, el contexto ha cambiado radicalmente. La guerra en Ucrania hizo que los precios del gas superaran los 300 euros el megavatio hora y llevó al mercado eléctrico español a superar los 500 euros/MWh. Las renovables avanzan, pero a un ritmo inferior al previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

La energía eólica instala 1,2 gigavatios al año frente a los 4,3 GW previstos (-72%) y el almacenamiento sólo 1,2 GW frente a los 2,7 GW previstos (-56%). Al mismo tiempo, la demanda de electricidad está volviendo a crecer. Entre enero y septiembre de 2025 aumentó un 2,4%, hasta 192 teravatios hora.

Cerrar plantas en este escenario tiene implicaciones cuantificables. Sólo el cierre de Almaraz –2.093 MW– supondría perder 15.700 GWh anuales, el 7% de la demanda peninsular. Esta energía, libre de emisiones y con un factor de utilización cercano al 90%, debería ser sustituida por gas natural, incrementando el consumo en 28.545 GWh al año y aumentando las importaciones en 1.427 millones de euros.

El impacto climático sería directo. Prescindir del parque nuclear implicaría emitir 21 millones de toneladas adicionales de CO₂ cada año, un aumento del 73% respecto al «mix» actual (de 26 a 47 MtCO₂).

Paradójicamente, cerrar una fuente considerada limpia por los principales organismos internacionales aumentaría las emisiones y se alejaría de los objetivos climáticos.

España rompe su tendencia de descarbonización, al subir las emisiones un 0,6% en 2025. El Observatorio de Sostenibilidad alerta de que el país se aleja de sus objetivos para 2030 tras un aumento de emisiones respecto a 2024 impulsado por la quema de gas y el auge del transporte por carretera y el turismo.

Tampoco es neutral para el bolsillo. En un escenario sin nuclear, el precio mayorista subiría unos 37 €/MWh. La factura eléctrica aumentaría un 23% para los hogares y pymes y un 35% para la industria, lo que equivale a casi 8.000 millones de euros adicionales al año para los consumidores. Incluso cumpliendo el PNIEC, el cierre elevaría el precio 13 €/MWh y multiplicaría por seis las emisiones y el consumo de gas natural.

El argumento de la seguridad tampoco es menor. En 2024 se registraron 168 horas con riesgo de suministro en un escenario sin nuclear. El ejemplo del 11 de diciembre de 2024 mostró que, incluso con los ciclos combinados a plena capacidad, faltarían 1.712 MWh en una hora punta, equivalente al consumo de 3,5 millones de hogares.

Hace apenas dos semanas, además, se produjo un hecho sin precedentes en la historia del mercado eléctrico español: la central de Almaraz fue enviada al mercado de Restricciones Técnicas para asegurar el suministro en la península. Es decir, el propio sistema tuvo que recurrir de forma extraordinaria a una planta cuyo cierre está previsto para garantizar la estabilidad y la cobertura de la demanda. La realidad operativa contradice así el calendario político.

En 2024 hubo 168 horas de riesgo de suministro sin energía nuclear

Las empresas nucleares se están viendo asfixiadas por impuestos específicos como el impuesto sobre el combustible gastado (tasa Enresa) o la ecotasa autonómica, que han incrementado el coste un 30% por encima de lo pactado. Las centrales nucleares no son cerradas por sus propietarios, sino asfixiadas por estos impuestos. Sin oxígeno mueren pero sí, habrá más gas.

El apagón reveló que el sistema eléctrico está debilitado sin máquinas síncronas (nucleares y de ciclo combinado). La operación reforzada de Red Eléctrica para evitar nuevamente un cero eléctrico está costando mucho dinero y la cifra sería aún mayor si se cerraran las centrales nucleares. Hay que cubrir financieramente el apoyo que ahora dan las centrales nucleares a 60€/MWh y dotarlo de ciclos combinados a 170€/MWh. ¿Queremos dar ese susto a los consumidores y votantes? Por cierto, este último ya habló en Almaraz-Extremadura.

Esta misma semana, la Plataforma Ciudadana en Defensa de Almaraz se ha manifestado ante el Congreso de los Diputados para alertar de los más de 4.000 puestos de trabajo que desaparecerían con el cierre de la planta. La protesta incluyó una camioneta con una pancarta que señalaba directamente la responsabilidad política de la vicepresidenta Yolanda Díaz en una decisión que, según denuncian, se está llevando a toda una región. El debate energético tiene cifras macroeconómicas, pero también tiene rostro, empleo y territorio. El debate ya no es ideológico, sino estratégico. Mientras Europa y el mundo refuerzan la energía nuclear como pilar de la competitividad, la descarbonización y la soberanía energética, España avanza hacia su acelerado desmantelamiento.

La cuestión no es si la transición debe ser renovable –lo será– sino si se puede permitir que prescinda de una tecnología limpia, estable y ya amortizada en medio de una tormenta geopolítica y con la electrificación apenas siendo un brote de lo que será.

En la carrera energética global, perder un paso no es una cuestión simbólica. Es una cuestión de competitividad, seguridad y coste para los hogares y la industria. Y hoy, todo indica que España vuelve a quedarse atrás.