Hace apenas unos días contábamos con Mercado libre que el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Hacienda, había contratado los servicios de una empresa «antiocupación» para instalar medidas de seguridad contra la ocupación ilegal en un local comercial de titularidad pública, por un importe de 18.189,28 euros. Este hecho ha atraído considerable atención, ya que Ocurre al mismo tiempo que el Gobierno y sus socios niegan o minimizan el problema de la okupación.

Sin embargo, si consultamos la Plataforma de Contratación del Sector Público, podemos comprobar que durante el año 2025 la Administración Pública (a través de sus diferentes organizaciones) gastó 722.940 euros en diversos servicios de protección contra okupasya sea instalando puertas antiokupas, sistemas de alarma u otro tipo de medidas de vigilancia.

A continuación realizaremos un desglose de todos los contratos adjudicados durante el año 2025:

• un contrato de 491.204,58€ concedido a la empresa Wallner Europe por «suministro de cerramientos antivandálicos para la reforma y/o rehabilitación de viviendas pendientes de adjudicación (sin inquilino), integrantes del patrimonio de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid».

• un contrato de 3.993€ concedido a la empresa Soluzone Assistance por la «suministro e instalación de 6 puertas antiokupa para viviendas y locales con alto riesgo de ocupación” por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura. La unidad encargada del seguimiento y ejecución de este contrato es la Consejería de Vivienda.

• un contrato de 72.479€ concedido a la empresa «Wallner Europe» por la «suministro e instalación de puertas de seguridad ‘anti-intrusión’ en viviendas destinadas a reubicación temporal realizadas en virtud de las obras en cuestión en los ámbitos de Regeneración Urbana de la ciudad de Barcelona y del Programa de Regeneración Urbana del Instituto Municipal de Urbanismo de Barcelona, ​​con medidas de contratación pública sostenible. Por el Instituto Municipal de Urbanismo de Barcelona, ​​dependiente del Ayuntamiento de Barcelona.

• un contrato de 31.844€ concedido a la empresa Wallner Europe por la «suministro, en régimen de alquiler, e instalación de puertas y mamparas antivandálicasasí como sistemas de alarma y otros sistemas de seguridad para la protección de edificios y otras instalaciones gestionados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez de la Frontera SA, (EMUVIJESA), en el término municipal de Jerez de la Frontera.

• un contrato de 123.420€ adjudicado a la empresa Grupo Torneo Seguridad por la «suministro de puertas antiokupasAlquiler de kits de alarma y vigilancia en Viviendas Básicas de Protección Pública (VPPV) en Málaga, por parte de la Junta de Andalucía.

Si sumamos todas las cifras enumeradas anteriormente, El total asciende a 722.940 euros.

Como vemos en las descripciones del contrato, Varios premios son para el suministro e instalación de medidas de seguridad en viviendas públicas.
Esto pone de relieve aún más la hipocresía del Gobierno de España al negar o minimizar el problema de la okupación. Si, según ellos, se trata de un fenómeno tan minoritario y residual que sólo afecta a unos pocos hogares, ¿Por qué gastan tanto dinero público en sólo un año para blindarse contra algo que supuestamente “no existe”?

En breve: mientras el Gobierno dice en público que la okupación no es un problema real (o es «minoría»), En la práctica, la Administración Pública contrata servicios de seguridad y vigilancia para proteger Vivienda pública contra la ocupación ilegal. Porque una cosa es lo que se predica y otra muy distinta lo que se hace a puerta cerrada.