Quince expertos en diversos ámbitos, desde la economía al derecho, han participado en la creación de la innovadora herramienta de inteligencia artificial y big data denominada ‘Spain-Desreg’, que ha permitido «identificar, clasificar y priorizar la normativa vigente según deroguen, reformen o preserven, aplicando criterios coherentes con una concepción del orden político y social que limita la intervención del Estado en la vida económica y personal de los ciudadanos», señala el trabajo de investigación «Desentrañar España. Una motosierra contra la sobrerregulación y Los excesos intervencionistas del sanchismo.

El análisis se centra en 243 normas con rango de ley aprobadas por el Gobierno, entre leyes ordinarias, leyes orgánicas, reales decretos-ley y reales decretos legislativos. El resultado es concluyente: 204 de estas normas son susceptibles de derogación total o reforma profunda, ya sea por su carácter innecesariamente intervencionista, por deficiencias de técnica regulatoria o por una débil justificación funcional. «Las normas se aprueban cada 45 minutos; La receta ideal sería pausar la regulación y revertir todos los excesos”, afirmó Diego Sánchez de la Cruz, jefe de estudios del IJM. Madrid «Han dado pasos audaces» para revertir la asfixia regulatoria, pero que, por otro lado, el tono de la política regulatoria estatal «ha estado marcado por un refuerzo fortísimo del intervencionismo».

Este trabajo subraya que las consecuencias de esta «inflación normativa» van más allá de la economía o de la libertad individual, denunciando que «amplía la discrecionalidad administrativa y refuerza una concepción marcadamente intervencionista del poder público». Para los autores del estudio, de esta manera la regulación deja de ser un instrumento al servicio de los mercados y abandona su función como marco para la convivencia en libertad. «Lo que se cultiva con un modelo como éste -señalan- es la adopción de regulaciones como mecanismo de control sobre la actividad productiva y familiar». Para manuel llamasDirector de estudios del IJM, «la receta para crear riqueza es sencilla, pero es necesario tener libertad económica, defensa jurídica e impuestos bajos o razonables, factores que han sido bloqueados por la gran carga regulatoria».

Eliminación inmediata

Los servicios de estudio recuerdan que tanto el PP como Vox coinciden en la necesidad de revertir la deriva regulatoria de los últimos años y que ambos partidos han defendido que un eventual cambio de Gobierno no puede limitarse a aprobar nuevas leyes, sino que «debe abordar sistemáticamente el acervo regulatorio heredado, revisando, eliminando y simplificando disposiciones que han resultado innecesarias, nocivas o ideológicamente intervencionistas». Coinciden en que «la desregulación y la reducción de obstáculos burocráticos «Se presentan como un eje central de cualquier agenda reformista creíble».

En un ejercicio práctico, el Instituto Juan de Mariana y el CEU recomiendan la «eliminación inmediata» de varias leyes, entre las que se encuentran la memoria democráticauna norma que, señalan, ha sido aprobada sin consenso en el Parlamento, y ha dado lugar a la «creación de estructuras administrativas cuya única función es supervisar el cumplimiento de un determinado canon ideológico».

Otra de las normas que a su juicio debería decaer es la que deroga la despido objetivo por falta de asistencia al trabajo. Creen que, en un contexto de elevado absentismo, esta medida traslada íntegramente el coste de las políticas sanitarias públicas y las deficiencias del sistema sanitario a las cuentas de resultados de las empresas, que además se ven «obligadas a soportar situaciones de fraude manifiesto». Además, abogan por la supresión del Real Decreto de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Alquiler porque consideran que marcó el inicio de «una escalada intervencionista» en el mercado del alquiler que ha tenido efectos contraproducentes en el acceso a la vivienda.

Gobernar sin improvisar

Según los autores de este informe, «gobernar no consiste en improvisar o reaccionar ante el slogan del día. Requieren tomar decisiones basadas en principios reconocibles, expresar una visión coherente del futuro y un programa de medidas concretas que permitan anticipar consecuencias, ordenar prioridades y rendir cuentas. Y sostienen que cuando falta este «marco intelectual», la acción política conduce fácilmente a oportunismo. «Día tras día, nos topamos – argumentan – con decisiones erráticas, políticas contradictorias y un uso del poder improvisado y táctico, que sacrifica el largo plazo en favor de la supervivencia inmediata».

Concluyen que un programa de gobierno bien definido requiere priorizar, explicar las renuncias y asumir costos politicoslo que «se traduce en una mayor calidad institucional del sistema en su conjunto. Esto genera mayor confianza y enriquece el proceso político de manera notable.