Pese a tener una recaudación fiscal en cifras récord y no deflactar el IRPF (lo que asegura, a través de la inflación, aumentar aún más los ingresos públicos), el Gobierno ha pedido a Bruselas que ponga en marcha una nuevo impuesto sobre las empresas de energía. Pero la patronal se rebela contra este plan y ataca al Estado por su voracidad fiscal en un momento en el que un tercio de las pequeñas y medianas empresas están en pérdidas.

Así lo indicaron los líderes empresariales que asistieron a la segunda jornada de ¡Despierta España, Despierta Europa! este martes. Un día en el que estuvieron presentes. Antonio Garamendipresidente de CEOE; Ángela de Miguelpresidente de Cepyme, y Josep Sánchez Llibrepresidente de Fomento del Trabajo.

Garamendi advirtió de la urgencia de «hablar de cómo gestionamos mejor el Estado, que es la empresa más grande del país«En su opinión, los ingresos y los gastos no pueden mantenerse en niveles históricos con la amenaza de guerra en Irán sobre la mesa.

Los empresarios ven todos los días. cómo aumentan los precios y los costos debido a la inflaciónun problema que puede persistir hasta finales de año. En ese contexto, mantener los impuestos aumentando puede ser un riesgo muy costoso de pagar en el largo plazo.

El líder de la CEOE reiteró la necesidad de que todos los trabajadores sean conscientes de los impuestos que las empresas tienen en sus nóminas. «Deberíamos pagar el salario bruto para que cada uno sepa que es suyo, cuánto se paga a la Seguridad Social y los impuestos que se deducen de ella.«, señaló.

El ejemplo más claro del peligro que existe con la actual gestión está en cuestiones como la financiación de las pensiones. Estos beneficios restan más de 14.000 millones de gasto público cada mes. Si la inflación se estabiliza en el 3,4% y el crecimiento cae al 1,9% o al 2%, será una factura difícil de pagarestima el empleador.

Ante las medidas anticrisis que ha puesto en marcha el Gobierno, una de las grandes reivindicaciones de la patronal ha sido aplicar una deflación fiscal. De esta manera se compensaría el aumento del costo de vida que familias y empresas han sufrido en los últimos años.

Según los cálculos de los empresarios, Eso supondría inyectar 19.000 millones de euros a la economía «que ahora están donde no deberían estar».

«Ahora hay que tener mucha tranquilidad y adaptar el momento a los sectores que necesitan ayuda, pero eso no es la barra libre del Covid ni los fondos de la UE. Eso se acaba. Y no me parece prudente ir en la línea de subir los impuestos.«, dijo Garamendi.

Todo ello en un contexto en el que las pequeñas y medianas empresas luchan por salir adelante a pesar del crecimiento económico. «Un tercio de nuestras pymes están en pérdidas», advirtió Ángela de Miguel. Todo ello en un contexto en el que «cualquier incremento de costes afecta a las empresas, pero especialmente a las más pequeñas».

En gran medida, se trata de una situación motivada por la fiscalidad. En impuestos y contribuciones, «el esfuerzo fiscal de las empresas españolas es del 37% mientras que la media europea es del 25%», afirmó el presidente de Cepyme.

El presidente de la patronal se aferró a estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que sugieren que, hoy en día, en España «Se pagan más impuestos por trabajar que por consumir.«.

«La situación fiscal bate todos los récords y nos asfixia«. Lamentó la destrucción de 25.000 microempresas justo antes del estallido de la guerra en Irán. Y con el aumento de costes provocado por el conflicto de Oriente Medio, «muchas más van a desaparecer».

Evidentemente, la idea del Gobierno de aprobar un impuesto a las empresas energéticas, debido a la guerra de Irán, también centró el enfado de los empresarios.

Lo más claro fue Josep Sánchez Llibre. «Estamos radicalmente en contra de un impuesto complementario a las empresas energéticas», afirmó el presidente de Foment del Treball (y vicepresidente de la CEOE, por cierto).

«La energía va a ser un elemento fundamental en la competitividad de las empresas. Un impuesto de este tipo sería totalmente confiscatorio y representaría un revés. Seria contraproducente«, advirtió.

Sánchez Llibre dejó claro que Foment moverá cielo y tierra para que esta figura impositiva, si finalmente se propone, no salga adelante.

No es un farol del presidente de Foment. Ya frenó en su momento la prórroga de la tarifa sobre la energía y aplicó su engaños en Junts para que la reducción de jornada no supere ni siquiera el primer trámite del Congreso.

«Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para influir en el Parlamento español para que esta medida fracase». La batalla está servida.