Nuevo paso para extinguir la Fundación Francisco Franco, el próximo 14 de abril cuando se celebra el Día de la Segunda República. Este martes, el Gobierno solicitó formalmente la extinción judicial de la citada fundación, tras poner fin al proceso administrativo y concluir que esta entidad no «apología» del franquismo y «humilla» a las víctimas de la dictadurasegún anunció el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

«Vamos a enviar al juez un expediente sólido que demuestre que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir en contra del interés general y humillar a las víctimas. Y porque en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que violan la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura», afirmó Urtasun en rueda de prensa.

Los trámites para solicitar la extinción de la Fundación Francisco Franco, según recuerda la Agencia EFE, comenzaron en junio de 2024 al amparo de la Ley de Memoria Democrática y la normativa sobre fundaciones, cuando el Ministerio de Cultura, del que depende el Protectorado Estatal de Fundaciones, comenzó a recopilar información.

Luego de culminar el proceso administrativo, en el que la Fundación presentó alegaciones que fueron rechazadas por el Ministerio de Cultura, yEl Gobierno va un paso más allá al exigir el cese judicial y deja el asunto ahora en manos de la Justicia. En concreto, Urtasun firmó este martes la resolución que servirá de base para que la Fiscalía del Estado inste a la extinción, que es el organismo competente para ello y el que acaba de dar su visto bueno con un informe en el que asegura que la extinción exigida por el Gobierno se ajusta a derecho.

Urtasun augura una batalla judicial para la Fundación

La ministra ha explicado que será un juzgado de primera instancia el que se ocupará del expediente, pero Ha evitado comentar posibles plazos y se ha limitado a decir que su deseo es que el proceso judicial sea «lo más rápido posible».

Por otro lado, ha asegurado que el Gobierno ha ido «lo más rápido» que ha podido en el «laborioso» proceso administrativo para solicitar la extinción de la Fundación Francisco Franco, al considerar que existen causas legales para solicitarla «fechamente» tanto en la Ley de Memoria Democrática como en la Ley de Fundaciones. «El resultado es un expediente jurídico sólido, riguroso y fundamentado. Y ahora la decisión final, como ustedes saben, está en manos de un juez», afirmó.

En las alegaciones presentadas hasta ahora, la Fundación Francisco Franco ha defendido que La permanencia de la entidad está protegida por la Constitucióny ha negado que menosprecie y humille a las víctimas del franquismo. Por ello, Urtasun ha pronosticado que en esta nueva etapa la Fundación utilizará «todos los recursos legales a su alcance para intentar impedir que este proceso judicial avance», pero ha afirmado que es optimista.

Recuperación de archivos de la Fundación

En paralelo al proceso de cese judicial, el Ministerio de Cultura ha instado a la Fiscalía del Estado a inician la reclamación por los casi 30.000 documentos del archivo propiedad de la Fundación Francisco Franco, por considerar que tienen carácter público.

Por otra parte, Cultura analiza posibles indicios para instar la extinción judicial de la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la privada Fundación Ramón Serrano Suñer y la Fundación Gonzalo Queipo de Llano Pro Infancia, en todos los casos en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. En concreto, esta ley incluye la posibilidad de pedir a un juez que ponga fin a una fundación contraria al interés general y cita como causa la apología del franquismo.

Ante el anuncio del Gobierno, fuentes de la Fundación Francisco Franco han acusado al Ejecutivo de intentar encubrir con su proceso de extinción la supuesta casos de corrupción que les afectan. Estas fuentes han asegurado a EFE que con esta decisión el Gobierno persigue la libertad de opinión y de expresión, algo que considera propio de las dictaduras socialistas.

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