El PP insta a la presidenta del Puerto de Gijón a dimitir por el informe que le atribuye «responsabilidad política» en el accidente minero de Cerredo
El PP reclamó este jueves la dimisión de Nieves Roqueñí como presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón a raíz de las conclusiones del dictamen sobre la comisión del accidente minero en Cerredo, que entre otros apunta a Roqueñí como responsable política por acontecimientos ocurridos cuando era consejera de industria del Principado. En el dictamen, que se aprobó con el voto en contra del PSOE, además de apuntar a 7 responsables políticos, se plantea el cese de los dos que siguen en altos cargos, Roqueñí y el presidente de Hunosa, Enrique Fernández. ElPP esperaba su cese o petición de cese por parte de del presidente regional, Adrián Barbón. Ahora piden directamente a Roqueñí que sea ella la que dimita: «dado que el señor Barbón no toma ninguna medida, pues que sea la señora Roqueñí la que asuma la responsabilidad y presente su dimisión», señaló el portavoz del PP en la Comisiónen la Junta General del Principado sobre el accidente minero, Rafael Alonso.
[–>[–>[–>Alonso lanzó esta petición en una comparecencia conjunta con el presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz y la vicealcaldesa, Ángela Pumeriega en la que el dictamen de la comisión sobre el accidente minero sólo fue uno de los reproches a Roqueñí. La falta de seguro en una planta de Cogersa incendiada cuando también era ella consejera, el conflicto con el Ayuntamiento de Gijón por la entrega de la franja costera de Naval Gijón y el que no reclame al gobierno central ni al regional un acceso soterrado a El Musel, en referencia al descartado vial de Jove, estuvieron entre los reproches que le lanzaron los populares desde la sede del partido en Gijón. Andrés Ruiz señaló que si Roqueñí no dimite, volverán a pedirle a Adrián Barbón de que «ejecute su cese».
[–> [–>[–>[–>[–>[–>En cuanto al dictamen de la comisión de Cerredo, Alonso recordó que en el texto del dictamen se recoge expresamente que «aunque la administración minera no causó directamente el accidente, sí que hubo fallos de control, de supervisión, inspección y de coherencia autorizatoria que dieron lugar a un fallo sistémico general del que son responsables políticos las siete personas que se incluyen en el dictamen», una de ellas Roqueñí a la que reprochó que «debería haber corregido y no hizo» lo calificó como «caos y descoordinación».
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Rafael Alonso señaló Barbón «decía aquello de ‘caiga quien caiga’, pero parece ser que para él no tiene que caer nadie. Y eso es una afirmación que le va a perseguir durante mucho tiempo».
[–>[–>[–>A la izquierda, Andrés Ruiz, Rafael Alonso y Ángela Pumariega, en la sede del PP en Gijón / Lne
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Alonso enumeró hechos ocurridos durante la etapa de Roqueñí como consejera «que evidencian la dejación en la que se incurrió» respecto a la mina del suroccidente: la autorización de la transmisión de derechos mineros de Convayl a Blue Solving en noviembre de 2023, la no tramitación del contrato de prestación de servicios mineros entre ambas empresas comunicado a la administración al mes siguiente; la autorización en 2024 de la retirada de chatarras y restos carbonosos en la explotación y la modificación a la baja de una sanción que se había impuesto a Convayl por hacer «lo mismo» en 2022 que lo que luego hizo Blue Solving en el momento del accidente de 2024.
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El diputado popular tamtién señaló que en junio de 2024 se le autorizó a Blue Solving la extracción de hasta 60.000 toneladas de carbón en dos años con un proyecto de investigación complementario, exigiéndole que antes de diciembre de 2024 presenta una fianza «que tampoco presenta y vuelve a repetirse la inacción de la administración, que no tomó ninguna medida», y tampoco pidió el informe del Instituto de Transición Justa exigido para aprobar aquel proyecto de investigación. Y por último, señaló, que a Blue Solving sólo se le hizo una inspección desde noviembre de 2023 hasta el día del accidente en marzo de 2025.
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[–>Plan inversor de El Musel
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Andrés Ruiz añadió que «el nombramiento de Nieves Roqueñí respondió a un motivo estrictamente de colonización política y de colocación de una institución como el Puerto de Gijón. Durante los últimos meses ha realizado una labor de ataque a la ciudad y también de dejadez con respecto a las infraestructuras necesarias para que el Puerto de Gijón pueda recuperar su esplendor y los vecinos de la ciudad dejen de tener que vivir situaciones tan vergonzosas como el paso de más de mil camiones diarios por la avenida del Príncipe de Asturias».
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Ruiz también aludió al plan inversor de 86 millones de euros hasta 2030 anunciado por la Autoridad Portuaria de Gijón, que calificó como «números hinchados» al considerar que «esto se basa en una estimación del crecimiento de la facturación del Puerto en un 40%», pasando de los 35 millones de euros actuales a 49 millones de euros «en un año» y recordando el acusado descenso en los tráficos portuarios en lo que va de año.
[–>[–>[–>En cuanto al desvío a Aboño de los camiones de mercancías peligrosas, considera que no va a ser una reducción de camiones significatica respecto a los mil diarios que pasan por La Calzada y, además, calificó de «vergonzoso» usar Carreño «como puerta de atrás de la ciudad de Gijón», reclamando la construcción de un acceso soterrado a El Musel (en alusión del de Jove), la ejecución del desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña en la GJ-10, la humanización de la avenida del Príncipe de Asturias y el apaciguamiento de la zona de El Empalme.
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Pumariega, por su parte, acusó a Roqueñí de haber «ejercido de cabeza de la oposición municiupal a este gobierno municipal y a la ciudad de Gijón».
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