La Audiencia Nacional abrió este jueves la fase oral de la prueba 9 del macrocaso «Tándem», contra el BBVA, su expresidente Francisco González, el excomisario José Manuel Villarejo y otros 14 por presuntas órdenes ilegales ejecutadas entre 2004 y 2016.

Según la decisión judicial, el caso se centra en una serie de obras que supuestamente incluían Vigilancia, acceso a bases de datos, estudios de activos y otras investigaciones. realizado sin autorización judicial.

La fiscalía solicita 173 años de prisión para González, 174 para Villarejo y 181 millones de euros de multa para BBVAmientras que el juez fijó una fianza de 1,17 millones para cubrir posibles responsabilidades civiles. Ahora, las defensas tienen diez días para presentar sus escritos y ofrecer pruebas. Si no depositan la fianza fijada, el juez puede embargar la propiedad para asegurar posibles pagos futuros.

El juez de la Audiencia Nacional considera que existen elementos suficientes para sentar al acusado en el banquillo de los acusados ​​por delitos como corrupción, 52 descubrimiento y revelación de secretos y, en algunos casos, también por pertenencia a un grupo u organización criminal, falsificación de documentos y administración desleal.

Además de la entidad bancaria, también serán juzgados el expresidente y el excomisario ex ejecutivos bancarios y ex policías vinculados a contratos y presuntos pedidos.

El vínculo entre BBVA y Villarejo

El motivo de esta decisión es que la investigación indica que El vínculo entre BBVA y Villarejo se habría activado vía Julio Corrochanoex comisario y jefe de seguridad del banco, cuya contratación supuestamente fue aprobada con el visto bueno de Francisco González.

A partir de ahí se habría creado un canal para utilizar los servicios de CENYT, la empresa de Villarejo, con la promesa de discreción y opacidad, según el auto de apertura del juicio oral.

Por su parte, la Audiencia Nacional sostiene que El sistema de control interno del banco no fue efectivo porque dejó a la presidencia ejecutiva y a parte de la alta dirección fuera del alcance de la supervisión.así como que el desconocimiento alegado por BBVA no es creíble y que las pruebas deben ser evaluadas cuidadosamente durante el juicio oral.

Mientras el banco que preside Carlos Torres Vila defendió los hechos investigados no generan responsabilidad penal para la entidad y destacó que seguirá colaborando con la Justicia. Francisco González, por su parte, afronta el proceso con la idea de poder defender su inocencia durante el juicio oral.

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