Así se desprende de un informe de la consultora PwC titulado ‘Retos, oportunidades y riesgos del despliegue del almacenamiento en el sistema eléctrico español’ al que ha tenido acceso este periódico. El documento señala que «la necesidad de un equilibrio en el desarrollo de las diferentes tecnologías de almacenamiento no siempre se refleja en los mecanismos de planificación ni en las señales de inversión que se están otorgando por parte de la administración».

Es decir, el informe detalla las asimetrías que se están generando entre las baterías -y sistemas de hibridación- y el bombeo hidráulico, las dos principales tecnologías de almacenamiento. El problema es que este agravio no se corresponde con los diferentes aportes que cada uno de ellos ofrece al sistema eléctrico. Pero la urgencia por alcanzar los objetivos marcados, en principio, estaría condicionando los distintos apoyos.

Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Cumbres (Pniec), se deberían alcanzar los 22,5 GW de potencia instalada hasta 2030. En el sector del almacenamiento hay reticencias sobre la posibilidad de alcanzar estas cifras. De hecho, tampoco he podido entender la revisión de objetivos que se dio en el desarrollo del plan. Se estableció un incremento muy significativo respecto a la primera versión; En concreto, se ha multiplicado por 2,5, ya que el Pniec de 2020 preveía sólo 9 GW para el mismo horizonte temporal. Y esa es una gran parte del problema, la necesidad de cumplir.

Agravio económico

En España hay 10.888 MW de baterías en tramitación frente a 1.285 MW de bombeo, y 5.077 MW de baterías con permisos concedidos frente a 2.797 MW de bombeo. Sin embargo, el informe de PwC señala que «la administración está favoreciendo el despliegue de baterías a través de simplificaciones regulatorias y administrativas, especialmente en proyectos híbridos, mientras que el bombeo sigue enfrentándose a mayores barreras ambientales, concesionales y administrativas, a pesar de su reconocimiento formal como infraestructura crítica».

Respecto al agravio que se está generando, el documento señala que las ayudas públicas también están creando una señal de inversión más eficaz para las baterías que para el bombeo. En las convocatorias Feder 2021-2027 y PRTR se destinaron unos 195 millones de euros al bombeo, lo que representa en torno al 20% del presupuesto de ayudas, frente a los 970 millones, cerca del 80%, para baterías e hibridaciones. Esto genera una brecha que alcanza los 700 millones.

La clave de esta asimetría tiene que ver con el nivel regulatorio. El informe de la consultora explica que una de las barreras más relevantes radica en que el desarrollo de diferentes tecnologías de almacenamiento no parte de condiciones equivalentes. «Las baterías presentan en general un proceso de desarrollo más ágil, con menos limitaciones territoriales, menos complejidad constructiva y procesamiento más sencillo. El bombeo, en cambio, suele afrontar tiempos de procesamiento más prolongados, derivados de una mayor complejidad en el acceso y conexión, la necesidad de superar procedimientos ambientales más exigentes y su dependencia de condiciones orográficas e hídricas específicas.

Y como aquí la rapidez juega un papel fundamental, el documento señala que la evolución normativa más reciente, la del real decreto ley 7/2026, ha introducido un cambio significativo al eximir del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ordinario o simplificado, a los proyectos de almacenamiento electroquímico hibridados con generación renovable. Se trata de una simplificación administrativa relevante que reduce materialmente los tiempos de procesamiento de las baterías hibridadas.

En el caso del bombeo, el mismo real decreto ley reconoce que es especialmente crítico que el sistema disponga de almacenamiento de gran capacidad como es el bombeo hidráulico. Sin embargo, ninguno de estos reconocimientos se ha traducido, hasta el momento, en un impulso real al despliegue del bombeo, ya que la principal barrera sigue residiendo en los permisos administrativos cuya tramitación exige plazos y requisitos muy superiores a los aplicables a las baterías, revela el documento.

A esto se suma que las concesiones para el uso privado del agua suelen otorgarse por periodos inferiores a la vida útil de las instalaciones, lo que compromete directamente la viabilidad económica de los proyectos.

Recurso clave

La queja sobre el apoyo financiero tiene implicaciones técnicas. El informe supone que “el sistema no sólo necesita capacidad de respuesta rápida, sino también almacenamiento capaz de mover energía durante largos periodos y evitar derrames de generación renovable”.

En este sentido, si las ayudas públicas favorecen predominantemente a tecnologías de corto plazo, la señal inversora puede acabar reforzando un patrón de despliegue que no responda plenamente a las necesidades estructurales del sistema eléctrico a medio y largo plazo.

Y la mayor capacidad de almacenamiento de la bomba le permite absorber un mayor volumen de excedentes renovables, facilitando así una mejor integración de tecnologías como la energía solar fotovoltaica y la eólica en el sistema eléctrico español. Asimismo, PwC sostiene que «la incorporación de tecnologías de almacenamiento a largo plazo en el sistema eléctrico permite desplazar del mix de generación aquellas fuentes basadas en combustibles fósiles, que fijan el precio marginal en las horas más caras del día, que son altamente contaminantes y que dependen del suministro de terceros países».