El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha pedido al Tribunal Supremo que llame a declarar como testigos en el juicio por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia a los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, así como a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Lo ha hecho en un documento, al que ha tenido acceso Ep, presentado por quien hasta este miércoles era su abogado en el ‘caso Koldo’, el exfiscal Carlos Bautista, que ha renunciado a defenderle por «diferencias contractuales».

Ábalos, que defiende su inocencia señalando que los hechos por los que será juzgado «no constituyen delito alguno», exige que comparezcan como testigos Marlaska, por las mascarillas adquiridas en el Ministerio del Interior, así como Torres y Armengol por las adquiridas en Canarias y Baleares, comunidades que presidían.

También exige que testifiquen, entre otros, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras Javier Herrero, imputados en la rama del ‘caso Koldo’ que investiga la Audiencia Nacional.

El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acordó procesar a Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama al entender que «concertaron» para aprovecharse de la condición del entonces ministro y de su «influencia».

Lo habrían hecho, según explicó, para «beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar para su beneficio económico las oportunidades que se les pudiera presentar para hacerlo utilizando dicha valiosa influencia».

Puente dio este paso luego de que en septiembre pasado decidiera dividir el caso para dejar las investigaciones relacionadas con los contratos de mascarillas en la pieza principal y dedicar la pieza separada a la supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de obras públicas.

La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, encabezadas por el PP, exigen 30 años de prisión para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma pena que el Ministerio Público.