La jueza Beatriz Biedma atribuye los crímenes de prevaricación y tráfico de influencias. ¿Porque? Por las presuntas irregularidades en la creación y posterior adjudicación de una plaza en la Diputación Provincial de Badajoz, que preside Gallardo.

Este puesto, el de coordinador de los conservatorios de Badajoz, acabó siendo adjudicado al músico. Fue considerado el candidato ideal. Sin embargo, renunció al cargo en febrero pasado, en medio de una investigación judicial.

«Capacidad de influencia»

Además, en otra resolución también fechada este jueves, Biedma subraya la «capacidad de influir» en el PSOE de Badajoz que Pedro Sánchez Allí estaría desde 2017, año en el que a su hermano le concedieron el cargo.

A juicio del juez, esta situación acabó favoreciendo a la Diputación Provincial de Badajoz a conceder el puesto al músico, en perjuicio del resto de candidatos.

«Si David Sánchez, en el momento de la creación y adjudicación del cargo, No conocía a nadie en Badajoz. —o, al menos, no hay indicios de ello—, lo que se sabe es que su hermano [Pedro Sánchez] «Había sido secretario general del PSOE y, como tal, había visitado la provincia en varias ocasiones», explica el juez.

«Y, en razón de dicho cargo y dicha pertenencia al partido político [PSOE]él y su entorno cercano habrían relaciones cercanas con otros miembros del partido en Extremadura con capacidad de influir en las personas que tenían el poder de crear el cargo», concluye el instructor.

Salvo sorpresa, David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo serán juzgados por estos hechos. Ahora, ambos apelaron la decisión de Biedma de enviarlos a la banca. Lo impugnaron ante el Audiencia Provincial de Badajoz. Esta instancia, jerárquicamente superior al juez, aún debe avalar o revocar el cargo de este último.

Sin esperar esta decisión -no tiene obligación de hacerlo-, la juez optó este jueves por decretar la apertura de juicio oral contra el músico y el político.

aforo

Lo hizo no sin polémica, ya que, sólo unas horas antes, Gallardo había recogido su acta como diputado de la Asamblea de Extremadura. Esta nueva condición trae consigo el aforo. ¿Y qué significa esto? La prerrogativa de que sólo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJExt) puede juzgarlo.

Ahora -posiblemente por desconocimiento de su nueva condición- el juez Biedma firmó este jueves la resolución que envía al político a juicio, pese a que ya gozaba de dicho privilegio.

EL ESPAÑOL ha publicado la resolución oficial que, a fecha de este miércoles a las 13.17 horas, demuestra que Gallardo ya es, en ese momento, diputado electo. Por tanto, según lo establece el reglamento de la Asamblea, goza de capacidad.

Así, al ser ya parlamentario autonómico, sólo el TSJExt es competente para juzgarlo. La abogada de la política ya le ha manifestado este hecho a la instructora, ya que, desde hace apenas unas horas, la abogada no la considera autorizada para abrir un juicio oral contra su cliente.

El asesor de Moncloa

Además de Sánchez y Gallardo, Biedma también mandó al banquillo luis carrero. Esta persona trabajó como asesor en Moncloa hasta 2022. En 2023 acabaría siendo contratado por la Diputación Provincial de Badajoz. Fue contratado en el Área de Cultura, el mismo departamento al que estuvo destinado David Sánchez desde 2017.

De hecho, se convirtió en su colaborador, dada su posición como responsable de la promoción de la cultura en la zona transfronteriza (el territorio que separa Portugal de Badajoz).

En junio de 2023, antes de incorporarse a la Diputación, Carrero envió un correo electrónico a Sánchez, a quien se dirigió como «hermano pequeño». en dicho correo electrónicose ofreció a trabajar en el organismo provincial, lo que no tardaría en suceder.

Cuando se declaró investigado ante el juez, Carrero aludió a la amistad que le une a David Sánchez desde hace casi 20 años y señaló que ese mensaje tenía un tono informal, desenfadado, cotidiano.

Además de estos tres, Biedma también ordenó este jueves la apertura de juicio oral contra varios imputados y empleados de la Diputación Provincial de Badajoz que han sido investigados por este caso. Son los siguientes: Ricardo Cabezas, Cristina Núñez, Juana Cintas, Manuel Candalija, Félix González Márquez, Elisa Moriano y Francisco Martos Ortiz.

Como establecía hasta hace unos meses el Código Ético del PSOE, la apertura de juicio oral contra cualquiera de sus cargos suponía la suspensión de la militancia. Y ese expediente podría conllevar la expulsión del partido.

Pero esta disposición ya no es tan clara. A Gallardo le basta con afirmar ser víctima de un «uso de instrumentos legales para lograr fines políticos«para seguir formándose y mantener sus cargos. Y el caso en el que han sido investigados tanto el músico como el ya diputado tiene su origen en una denuncia del sindicato Manos Médicas, al que el PSOE considera «de ultraderecha».