Ecuador tiene la tasa más alta de homicidios en América Latina, con 38,8 por cada 100.000 habitantes. Las autoridades han reconocido que pese al despliegue militar en las calles para combatir a las bandas narcotraficantes y la declaración de un «estado de conflicto armado interno«, el comienzo de 2025 ha sido calamitoso: solo en enero se registraron 781 asesinatos, 276 más que en 2024. Si se computan los hechos luctuosos del primer trimestre el número se triplica en medio del espanto de una ciudadanía que se siente rehén de las disputas territoriales de los grupos de delincuentes. En este contexto, el presidente Daniel Noboa ha pasado del entusiasmo guerrero a un reconocimiento implícito de su fracaso. A menos de un mes del segundo turno frente a la correista Luisa González, el mandatario ha decidido dar un sorprendente golpe de efecto: la virtual privatización de su esquema de seguridad. «El crimen organizado ha sembrado miedo y ha creído que puede operar con impunidad. Se les acaba su hora. Empieza la ayuda internacional», anunció desde X sobre su reunión con Erik Prince, el fundador de Blackwater, una empresa seguridad que provee mercenarios. «Hemos establecido una alianza estratégica para fortalecer nuestras capacidades en la lucha contra el narcoterrorismo y la protección de nuestras aguas de la pesca ilegal». Noboa también se mostró a favor de una participación de los Ejércitos de Estados Unidos y Europa en la lucha contra el crimen organizado.