El diputado y expresidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Anteloanunció este miércoles que emprenderá acciones legales contra quien «usurpado» su certificado electrónico en el documento presentado a la Mesa del Congreso para transmitir los cambios en la portavocía del grupo parlamentario.

En declaraciones a Europa Press, Antelo ha señalado que no está permitida la utilización del certificado digital de otra persona para actuar en su nombre firmando documentos, presentando trámites o accediendo a sedes electrónicas «puede encajar en varios delitos» del Código Penal, como usurpación o usurpación de identidad o falsificación de documentos. Respecto de este último, incluido en el artículo 390 y siguientes, recordó que conlleva pena de prisión de tres a seis años, multa e inhabilitación.

Las declaraciones de Antelo se produjeron después de que el portavoz adjunto del grupo parlamentario de Vox, Rubén Martínez Alpañez, anunciara que «La práctica unanimidad» de los diputados del partido considera «oportuna» la expulsión.

Cabe recordar que este miércoles la Mesa de la Cámara decidió no dar trámite a un escrito presentado por el grupo parlamentario de Vox sobre el cambio de portavoz al estar firmado con un certificado digital de José Ángel Antelo, a pesar de que no había escrito el documento ni dado su permiso.

Tras conocer la presentación del documento por parte de Vox, El propio Antelo presentó otro documento informando que no ha escrito ningún documento nadie ha comunicado su dimisión como portavoz ni ha autorizado a nadie a utilizar su certificado electrónico como representante del grupo.

Además, para su decisión, la Mesa de la Cámara ha tenido en cuenta que la escritura electrónica del grupo Vox no puede considerarse válida al no existir la firma electrónica de quienes se dice que la firmaron, ya que las firmas manuscritas no permiten acreditar de forma cierta e incuestionable la identificación de los firmantes.

La Junta también ha avisado de que el escrito de Vox No va acompañado de la documentación imprescindible. para que se acredite que las decisiones que se trasladan han sido adoptadas cumpliendo las formalidades exigidas para la adopción de acuerdos en el seno del grupo parlamentario.

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