ASESINO MORATA JURADO POPULAR | La jueza manda a juicio al asesino de Morata por matar a su compañero de celda, pero rechaza imputar a Instituciones Penitenciarias
Dilawar Hussain Fazal está cumpliendo una condena de 36 años de prisión por matar a tres hermanos ancianos y quemar luego sus cadáveres en la localidad madrileña de Morata de Tajuña (Madrid), en 2023. Ahora, deberá responder también por su cuarto crimen, el de su compañero de celda, Ángel Asenov. El pakistaní llevaba solo 22 días en el módulo 12 de la cárcel de Estremera cuando golpeó en la cabeza al hombre hasta la muerte, la madrugada del 15 de febrero de 2024, con una pesa de 2,5 kilos que había sido robada previamente del gimnasio.
[–>[–>[–>La magistrada del juzgado de instrucción 8 de Arganda del Rey (Madrid) ha dado por concluida la investigación y acaba de enviar a Fazal a juicio, acusado de asesinato, según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. Así lo ha acordado en un auto al que ha accedido este medio. Será un jurado popular quien decida su futuro.
[–> [–>[–>La Guardia Civil encontró sobre el escritorio, sin restos de sangre, el disco de pesas de gimnasio con el que habría cometido el crimen. / SUCESOS
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Carencias de seguridad
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La jueza rechaza, sin embargo, imputar a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y, por tanto, al Ministerio del Interior, como había pedido la familia de la víctima, representada por el abogado Rodrigo López del Cerro, del despacho Alarcos 8 de Ciudad Real. Descarta que Interior tenga que responder en el procedimiento penal como responsable civil subsidiario por lo ocurrido, pese a que la investigación de la Guardia Civil reveló carencias de seguridad en la prisión e incluso la ausencia de un protocolo que obligue a los funcionarios a controlar el material del gimnasio, como desveló este medio.
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«La responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios públicos corresponde exigirla a través de la vía administrativa, no de la penal. Por tanto, en caso de que haya habido una custodia deficiente de los presos, como sostiene la acusación particular, la responsabilidad debe exigirse en vía administrativa, no penal, dado que no hay indicios de que ninguno de los sujetos (funcionarios) participara en el delito investigado», concluye la magistrada en su auto.
[–>[–>[–>«Ese mataviejas… se veía venir»
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La familia de Asenov, el hombre asesinado, ya ha recurrido esa decisión. Su abogado sostiene que «se debería imputar a Interior en base al artículo 120.3 del Código Penal, ya que el delito se ha cometido por un tercero, en este caso un preso, pero dentro de la prisión, una instalación que está bajo el control de la Administración Pública«.
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El letrado sostiene en su recurso que «el crimen se habría evitado si Prisiones hubiera detectado el robo del disco o pesa o hubiera separado a los dos presos en celdas distintas. Tras el asesinato, varios reclusos declararon ante la jueza que la víctima había tenido problemas de convivencia con Fazal y había pedido a una funcionaria que lo cambiaran a otra celda, sin éxito. Uno de ellos incluso llegó a decir en su declaración que «ese mataviejas no tenía que estar acompañado» y que lo ocurrido «se veía venir».
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[–>Encerrado junto a su agresor
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El abogado de la familia argumenta en su recurso que «hay una relación de causalidad entre la infracción reglamentaria y el delito. La sustracción del arma del gimnasio sin que los mecanismos de control del centro lo detectaran, y la convivencia forzosa en celda sin las adecuadas medidas de selección y vigilancia, facilitaron de manera relevante la comisión del delito».
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Rodrigo López del Cerro recuerda que «la víctima se encontraba en una situacion de total indefensión al hallarse encerrada en la celda junto a su agresor. Si los controles reglamentarios hubieran funcionado adecuadamente -impidiendo la sustracción del arma o acordando la separación de los internos-, el resultado luctuoso habría podido evitarse».
[–>[–>[–>Un preso, a cargo del gimnasio
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El crimen de Asenov destapó dos graves deficiencias de seguridad en el centro penitenciario de Estremera. Por un lado, reveló la ausencia de un protocolo específico para controlar el material del gimnasio por parte de los funcionarios.
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El gimnasio de la prisión, donde fue robado el peso utilizado para matar a Asenov. / SUCESOS
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Por otro lado, como acreditó la investigación abierta por Instituciones Penitenciarias tras el asesinato, «cualquier persona podía entrar en el gimnasio» de la cárcel, del que además estaba a cargo un preso, que ejercía como ordenanza y a quien habían encomendado la función de «controlar el material» que allí hubiese.
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«Cualquiera podía entrar, incluso aunque no fuera a hacer deporte. Y el propio interno encargado del gimnasio manifiesta que no puede estar todo el día vigilando«, señaló en su informe la inspectora designada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para esclarecer los hechos.
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La pesa no figura en la lista
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De acuerdo con su investigación, la funcionaria encargada del módulo supervisaba al preso encargado del gimnasio, pero su labor se limitaba a hacer «una comprobación visual de las zonas comunes, en las que se incluye el gimnasio» al inicio y al final de su jornada laboral.
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La propia funcionaria reconoció en sus declaraciones: «Yo no hago un recuento de las pesas o discos que hay en el gimnasio, eso le corresponde al interno que se encarga de ello». La mujer añadió que, además, la dirección de la prisión ni siquiera les había facilitado un listado actualizado del material deportivo. Y en el listado disponible ni siquiera consta ningún disco de 2’5 kilos (como el usado para cometer el crimen)».
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El abogado de la familia de la víctima insiste en «la responsabilidad civil subsidiaria del Ministerio del Interior» en lo ocurrido y la «pertinencia de su imputación» en el procedimiento penal: «Cuando tuvo lugar el crimen, los fallos de seguridad y el descontrol en el centro penitenciario eran tan evidentes que a partir de los hechos han cambiado la organización y el procedimiento de control en el gimnasio», concluye.
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