Ashley Messick es uno de los principales especialistas internacionales en recuperación de activos, investigaciones globales y conflictos relacionados con estados soberanos. Fundadora de Veleda, lleva más de quince años asesorando a inversores, despachos de abogados y grandes empresas en disputas complejas, litigios transfronterizos y estrategias de ejecución contra gobiernos que se niegan a cumplir laudos y sentencias internacionales.

A lo largo de su carrera ha trabajado en numerosos casos de alto perfil en América Latina, África, Europa y Medio Orienteparticipando en procesos que nos han permitido recuperar o asegurar más de 2.000 millones de dólares. Su trabajo combina inteligencia política, análisis de riesgos, seguimiento de activos internacionales y aplicación soberano, es decir, todo lo que sucede después de que un inversionista gana un arbitraje pero un Estado decide resistirse al pago.

P: Tu perfil profesional es muy interesante. Si me permiten simplificarlo, ella es la experta que llaman las empresas que sufren una irregularidad gubernamental y además enfrentan dificultades para obtener la debida compensación.

Cuando las condiciones de inversión cambian por completo, ¿qué pueden hacer las empresas afectadas? Lo primero, obviamente, es buscar reparación jurídica, y los tratados vigentes permiten regular estas disputas de manera transparente, y de hecho la mayoría de los gobiernos cumplen con estas obligaciones, reconocen las decisiones arbitrales en su contra y buscan una resolución para evitar que el problema se enquista. La cuestión, entonces, es qué sucede si, tras lograr una victoria, el gobierno en cuestión se niega a cumplir lo que ha ordenado el tribunal.

P: Estos casos representan menos del 10% del total de arbitrajes entre empresas y gobiernos soberanos, pero estamos hablando de miles de millones de dólares, entonces estamos hablando de temas relevantes.

Sí, afortunadamente el grupo de países que no pagan sus deudas es ciertamente minoritario, por eso casi siempre he trabajado con clientes afectados por impagos repetidos que sólo suelen ocurrir en regímenes autoritarios. Hoy sabemos que la lista de laudos no satisfechos, que encabeza España, está llena de países donde el Estado de derecho brilla por su ausencia. Hablo de dictaduras africanas, de gobiernos bolivarianos… No tiene sentido que España esté en esa liga, pero eso es lo que está pasando.

P: Cuénteme cómo logró «obligar» a Ecuador a pagar sus deudas.

A mediados de la década de 2000, el gobierno ecuatoriano violó las condiciones de inversión ofrecidas a la empresa energética francesa Perenco. Fueron años de disputas, en torno a un premio valorado en cientos de millones de dólares… En total, la controversia duró quince años. Lo cierto es que, de manera más general, el caso Perenco en Ecuador es ilustrativo de lo que ha sucedido en numerosos países latinoamericanos, donde distintos gobiernos se negaron a reconocer los laudos y abandonaron los tratados internacionales que regulan el sistema de arbitraje. Bueno, en el caso de Ecuador, donde había 400 millones de dólares, nos enfocamos en rastrear bienes, bienes y derechos económico-financieros que no podían justificarse como un elemento irrenunciable a la soberanía del Estado, tratándose, por ejemplo, de un buque de guerra, una embajada o un consulado. Hicimos todo ese trabajo, encontramos activos en Estados Unidos, Singapur, Panamá… La verdad es como una partida de ajedrez, pero una vez que tuvimos clara la situación decidimos priorizar el tipo de medidas que sabíamos que harían que el gobierno actuara rápidamente. Fue así como activamos una acción consistente en confiscar o embargar los pagos de la deuda soberana que Ecuador debía canalizar desde Luxemburgo para cumplir con sus acreedores. Interviniendo en estos pagos y lanzando una campaña mediática para alertar a los mercados internacionales, conseguimos saldar la deuda en apenas unos días.

P: También entiendo que usted haya logrado importantes victorias con Venezuela.

Venezuela podría ser un país tremendamente rico, pero tiene un inmenso volumen de deuda, su economía se ha derrumbado por completo, millones de personas han tenido que emigrar… En mi caso, he trabajado con inversores que sufrieron la expropiación de sus negocios por parte del gobierno venezolano, cuya respuesta siempre se limitó a negarse a pagar, sin más, sin siquiera pretender que quería formar parte del concierto político y económico internacional. Más que una partida de ajedrez, lo que hemos vivido con Venezuela ha sido más una guerra de trincheras, dos pasos adelante, uno atrás, etcétera. Nuestra estrategia se centró en presentar a la petrolera estatal PDVSA como una extensión del Estado, como una álter ego de la propia Administración Pública. De esta manera, pudimos congelar y confiscar envíos de petróleo en alta mar, bloquear parte de las operaciones de sus filiales internacionales, impedir pagos financieros… ¿Qué ha hecho el régimen bolivariano para evitarlo? En esencia, ocultando sus activos, enmascarando sus movimientos con empresas fachada, etc. A día de hoy sigue habiendo una deuda de 20 mil millones de dólares con acreedores afectados por impagos de laudos internacionales, y aunque muchas empresas quieren invertir en el país, estos casos tienen que resolverse.

P: Podríamos seguir hablando todo el día de otros ejemplos, pero tengo que preguntarle sobre mi país.

Cuando me llamaron por primera vez para hablarme del caso de España me sentí sorprendido; el tipo de regímenes con los que trato a diario son ampliamente reconocidos como Estados corruptos, incumplidores, etc. Entonces, ¿ir en contra de un miembro de la Unión Europea? Desde el principio fue un choqueNo lo puedo negar, pero la dura realidad es que los inversores que inyectaron decenas de miles de millones en el país y sufrieron la retirada retroactiva de las primas de las renovables se enfrentan a repetidos impagos de estas deudas. Es cierto que, al tratarse de una economía europea, el proceso de identificación es más sencillo que en el caso de un régimen como el ruso o el venezolano, pero claro, si el gobierno actúa activamente para incumplir sus obligaciones, entonces tenemos que hacer el debido trabajo de seguimiento de activos.

P: ¿Y ha sido fructífero?

Hemos identificado inmuebles, activos financieros, contratos comerciales… Recientemente, también hemos activado una serie de acciones relacionadas con la actividad de la Selección Española de Fútbol en Estados Unidos de cara al Mundial de 2026. Todas las opciones están sobre la mesa.

P: Pero el gobierno no se rinde y sigue luchando.

España ha estado luchando contra sus acreedores, pagando millones y millones a despachos de abogados que, a lo largo del globo, han intentado argumentar que el país ibérico no debería pagar sus deudas, porque supuestamente estaría blindado basándose en un argumento de «inmunidad soberana». Sin embargo, no pretendemos tomar una embajada, por lo que este discurso choca con la realidad.

P: ¿En qué jurisdicciones se va a jugar esta pelea?

Los acreedores de España han llevado con éxito sus casos a Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Singapur, Bélgica y Países Bajos. Los jueces de todas estas jurisdicciones ya reconocen los laudos, registrando por tanto a España como país deudor y, a raíz de ello, los embargos han comenzado a ser una realidad. El mejor ejemplo lo tenemos en Bélgica, donde hay 250 millones congelados en una cuenta bancaria, o en Holanda, donde han sido embargadas la sede del Instituto Cervantes en el país holandés.

P: De todos estos mercados, ¿hay alguno más relevante?

Bueno, Estados Unidos juega un papel relevante en la estrategia porque sus tribunales permiten el proceso de seguimiento de activos conocido como orden de descubrimientoque consiste básicamente en un tribunal de justicia que autoriza al acreedor a exigir formalmente a los socios comerciales del deudor que revelen todos sus vínculos económicos y financieros con el país ibérico. En este sentido, los inversores afectados han notificado legalmente a la Reserva Federal y a la Cámara de Compensación de Pagos que desean activar este proceso.

P: Hemos conocido dos embargos muy notables en las últimas semanas…

El embargo de Eurocontrol ha sido un punto de inflexión. Todo avión que vuele por el espacio aéreo español debe pagar una tasa y dichos ingresos luego se distribuyen entre las empresas nacionales que gestionan los cargos correspondientes. Enaire, operador nacional encargado de percibir estos ingresos, sufrió la incautación de estos flujos de pagos, que acumulaban 840 millones de euros. En ese momento, el Estado actuó para liberar a Enaire de esa carga, no sin antes depositar 250 millones en una cuenta bancaria donde estos fondos siguen congelados en estos momentos. Otro caso relevante es el de la sede del Instituto Cervantes en Holanda, un inmueble valorado en unos 10 millones de euros situado en pleno centro de Utrecht. En el futuro es probable que veamos nuevas acciones de este tipo, ya que, sin dejar de hablar del Instituto Cervantes, nos encontramos con que tiene oficinas en todo el mundo.