España sigue atrapada en el debate político sobre allanamiento mientras que otros países del sur de Europa han dado un claro giro hacia la protección efectiva de la propiedad privada. En los últimos meses, los gobiernos de Italia y Portugal han aprobado reformas penales que combinan penas más severas con una rápida restitución del uso de la vivienda a los propietarios afectados, en marcado contraste con España, donde crecen las quejas y los tiempos de resolución de la justicia.

Según datos de Oficina en casaen 2023 se registraron 15.289 denuncias por allanamiento ilegal (invasión o usurpación). El pasado 2024 las denuncias ascendieron a 16.426 hechos conocidos, un incremento del 7%, concentrando Cataluña en torno al 42% de los casos. El fenómeno permanece, por tanto, en niveles altos y también plantea el problema de la concentración territorial en la comunidad gobernada por los socialistas. Salvador Illa.

Aumento sostenido de la ocupación ilegal

Un informe de la Instituto de Estudios Económicos destacó hace meses que las denuncias sobre allanamiento ilegales se han multiplicado durante más de seis en los últimos quince años. Sólo en el periodo 2018-2024, bajo el gobierno de Pedro Sánchezel incremento supera el 30%, llegando a más de 300 denuncias semanales en promedio. El mismo estudio alerta de que la tendencia al alza de este tipo de delitos convive con un marco regulatorio que ha ido introduciendo restricciones a los desahucios y ha aplicado severos controles en el mercado del alquiler, lo que está generando incentivos perversos.

Crecientes retrasos en la justicia

El cuello de botella se agrava en los tribunales. Según las estadísticas oficiales del Consejo General del Poder JudicialLa duración media de los procedimientos de posesión verbal por ocupación ilegal ha pasado de 4,9 meses en 2018 a unos 12 meses en 2023 solo en primera instancia. Si a esto le sumamos el tiempo medio de los recursos civiles en las Audiencias Provinciales, el plazo total para lograr una sentencia que permita el desalojo del colono usurpador Son alrededor de 23,2 meses. Es decir: prácticamente dos años de retraso para hacer justicia y recuperar los bienes afectados.

Endurecimiento penal en Italia

Pero, mientras España mantiene esta situación de vulnerabilidad para los propietarios de viviendas, Italia ha optado por lanzar un mensaje inequívoco. En 2024, el Ejecutivo transalpino impulsó un decreto de seguridad que se convirtió en ley el 9 de junio de 2025, creando el nuevo delito de «ocupación arbitraria de inmueble destinado a vivienda ajena» (artículo 634-bis del Código Penal). La pena aplicable ha pasado 2 a 7 años de prisiónrespecto al marco anterior, de 1 a 3 años. También forma parte de un paquete más amplio de penas más duras contra este tipo de delitos.

La reforma italiana no se limita a aumentar las penas: también introduce Mecanismos de acción casi inmediatos.. si el allanamiento Si se detecta en las primeras 48 horas, las fuerzas de seguridad pueden actuar rápidamente para restaurar la vivienda, con posterior validación judicial en periodos de tiempo muy cortos. La prioridad política, por tanto, ha sido reforzar la idea de que la vivienda ocupada debe regresar a su legítimo propietario lo antes posible, reduciendo al mínimo la ventana temporal en la que la okupación se consolida de facto.

Reforma portuguesa con restitución inmediata

Portugal ha seguido un camino similar con una reforma adoptada este otoño. La Ley 67/2025, de 24 de noviembre, ha modificado el Código Penal «para proteger el derecho de propiedad contra allanamiento «invasión ilegal de propiedad». La invasión de la propiedad ajena ahora se castiga con hasta 2 años de prisión o multaincluso sin mediación de violencia, y la pena se agrava hasta con 4 años cuando la ocupación se realiza con ánimo de lucro o de manera profesional, en consonancia con la preocupación del gobierno de luis montenegro por el auge de mafias que promueven allanamiento.

La regulación de nuestro país vecino introduce además un instrumento clave que falta en España: restitución inmediata de la propiedad. El nuevo número 8 del artículo 200 del Código Procesal Penal permite al juez ordenar la devolución del inmueble a su propietario siempre que existan fuertes indicios del delito y de la propiedad del inmueble, sin esperar sentencia firme. Este procedimiento penal no sustituye al procedimiento de desalojo civil, pero sí lo complementa, ofreciendo a los propietarios una respuesta rápida en casos claros de ocupación sin título.

Persistencia de la inseguridad jurídica en España

En cambio, el marco español sigue dependiendo de regulaciones que rara vez se traducen en penas de prisión efectivas. El resultado práctico, a la luz de los datos del CGPJ, es que un propietario debe asumir que pueden pasar cerca de dos años entre la demanda y la sentencia firme, al tiempo que paga los gastos de comunidad y suministros y asume el coste derivado del deterioro del inmueble y su no efectiva explotación. Italia y Portugal, por el contrario, avanzan hacia un modelo en el que el peso de la inseguridad jurídica recae sobre el okupa, no sobre el okupa, como ocurre en nuestro país.