Bruselas aprueba la adenda al Plan de Recuperación, que simplifica la recta final del despliegue de fondos
La Comisión Europea ha aprobado este miércoles la última adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado con los fondos europeos ‘Next Generation EU’, que tiene como objetivo simplificar el despliegue de estos recursos antes de que termine el plazo del mecanismo, a finales del año 2026.
[–>[–>[–>Con esta adenda, el Gobierno ha revisado 160 medidas para simplificar y facilitar el completo despliegue del Plan antes de que termine el año 2026 y ha reducido a 22.800 millones los préstamos que finalmente pedirá España, poco más del 25% de los créditos asignados en un principio.
[–> [–>[–>Para el Ministerio de Economía, este «sí» de la Comisión Europea avala la buena marcha del Plan de Recuperación y marca el inicio de la recta final del despliegue de los fondos europeos, teniendo en cuenta que el 31 de agosto de 2026 es la fecha tope para ejecutar inversiones, mientras que el plazo máximo para certificar gastos finaliza el 31 de diciembre de 2026.
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«Gracias a la simplificación del Plan, el Gobierno de España ejecutará el tramo final de los fondos europeos y ultimará las inversiones que garantizan la modernización de la industria, el sector tecnológico y los servicios públicos», ha destacado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.
[–>[–>[–>Se eliminan 17 reformas con rango de ley
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En concreto, pese a que se mantiene la ambición del Plan, se han revisado 160 medidas que se actualizan con el objetivo de simplificar y de reducir las cargas administrativas.
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De entre ellas, se han eliminado un total de 17 reformas con rango de ley, de las que 12 no están relacionadas con recomendaciones específicas dirigidas a España ni con retos estructurales identificados por la Comisión Europea y por el Gobierno.
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[–>Este es el caso, por ejemplo, de la ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que se desvincula de los fondos europeos después de llevar un año encallada en la tramitación parlamentaria.
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Las cinco reformas restantes se sustituyen por otras de «similar ámbito y ambición», porque coinciden con áreas identificadas como prioritarias por parte de la Comisión Europea, como la vivienda o la sanidad.
[–>[–>[–>Así, en materia de vivienda se modifica el hito relacionado con aprobar la ley del suelo para que esto no se vincule con la llegada de fondos europeos y se tengan en cuenta otros logros como la creación de la empresa pública del suelo.
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En el caso de la sanidad, se sustituiría la ley de cohesión, equidad y universalidad del Sistema Sanitario Nacional por la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, la designación y renovación de los centros, servicios y unidades de referencia o la reorganización de la atención no gestionada por dichos centros.
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Otro ejemplo es el de la ley de estatuto marco que regula el personal sanitario y mejora el sistema de atención sanitaria especializada, que se sustituirá por medidas concretas para regular los puestos de difícil cobertura, las horas de trabajo, las guardias y las retribuciones de personal sanitario.
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De su lado, la ley de diversidad familiar se sustituye por el real decreto-ley de ampliación del permiso de paternidad. En el ámbito de la inclusión o de la protección social, la reorganización del sistema de prestaciones económicas no contributivas será sustituida por la reforma del real decreto para el incentivo al empleo en el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
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Se mantiene la subida a la fiscalidad del diésel
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Por el contrario, entre las reformas con rango de ley que se mantienen en el plan destacan la ley de movilidad sostenible, la ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, los estatutos del nuevo organismo público de evaluación, la ley de transparencia e integridad en actividades de grupos de interés, la modificación de la Ley de Mercado de Valores o en materia de beneficios fiscales.
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Además, otro de los hitos que sigue siendo parte del Plan de Recuperación, pese a la dificultad para sacarlo adelante en el Congreso, es la subida de la fiscalidad al diésel, una medida que debería estar aprobada antes de que termine enero.
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Inyección de capital de 13.000 millones en el ICO
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Con esta adenda se refuerzan las prioridades estratégicas con nuevas inversiones, por ejemplo, con la contribución a los programas europeos de supercomputación de 300 millones o con 2.500 millones adicionales movilizados para inversiones vinculadas a la descarbonización o a la transición energética.
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De su lado, el Gobierno ha decidido reducir la previsión de endeudamiento hasta un total de 22.800 millones de euros, en torno al 25% de los 83.000 millones asignados a España inicialmente.
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Según el Gobierno, la buena marcha y solidez de la economía española permite a España financiarse de forma eficiente y directa en el mercado, sin depender de los préstamos europeos, que apenas presentan ventaja financiera. «De este modo, ahorramos a España 60.000 millones de euros en deuda pública adicional», ha subrayado Economía.
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Otra novedad que también forma parte de la adenda es la inyección de capital de 13.000 millones en el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
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