La Comisión Europea presentó este miércoles su propuesta de nueva Ley de Redes Digitales (ADN, por sus siglas en inglés), dejando fuera una de las principales peticiones de las telecos. Bruselas ha sustituido la tasa que podrían pagar gigantes tecnológicos como Google, Netflix o Amazon por el uso de las infraestructuras de empresas como Telefónica, Orange o Vodafone.

Son miles de millones de datos los que las grandes tecnológicas americanas trafican a través de las redes de los operadores de telecomunicaciones en Europa.

Una de las grandes exigencias de las telecomunicaciones en los últimos años era que estas empresas pagaran una especie de peaje si querían seguir utilizando la infraestructura europea para poder operar en los estados miembros.

La propuesta de la Comisión Europea para la nueva ley, que pretende fomentar la inversión y la innovación en el sector, potenciar los servicios entre países y ampliar las redes, ha sustituido dicha tarifa por un «mecanismo de cooperación voluntaria» entre las telecomunicaciones y las grandes empresas tecnológicas.

Se trata de una idea que surgió en la anterior legislatura por la demanda de los operadores de telecomunicaciones nacionales. El objetivo era que el Las multinacionales tecnológicas asumen parte de los costes de infraestructura. necesarios para prestar sus serviciosdel que también se benefician.

una idea que ha sido duramente criticado por Estados Unidos considerando que perjudica a sus empresas. En este contexto, Bruselas ha decidido no incorporar peajes y permitir que cualquier pago sea fruto de acuerdos voluntarios a los que puedan llegar las empresas de telecomunicaciones.

La asociación europea de telecomunicaciones critica la decisión

Desde Connect Europe, la patronal europea de las telecomunicaciones, en la que participan Telefónica, Orange, Vodafone, Deutsche Telekom y Telecom Italia, entre otras, han atacado la postura de la Unión Europea hacia Estados Unidos.

«La competitividad y la soberanía de Europa en los mercados tecnológicos globales exigen que establezcamos condiciones justas y competitivas también para los operadores de telecomunicaciones. Esto implica eliminar las asimetrías regulatorias que obstaculizan actualmente a nuestro sector, pero también establecen un mecanismo de arbitraje obligatorio en los mercados de tráfico de datos.la asociación ha señalado.

«Las medidas voluntarias contribuirán Poco para lograr la igualdad en las negociaciones con los grandes gigantes tecnológicos»ha sentenciado la patronal dirigida por Alessandro Gropelli.

En cualquier caso, la propuesta de la Comisión pretende «mmodernizar, simplificar y armonizar las normas de la UE sobre redes de conectividad», que permita avanzar hacia un mercado único de conectividad y favorezca alianzas entre empresas y mayores inversiones.

Otro de los puntos clave de la propuesta comunitaria obliga a los países a contar con planes nacionales de transición para garantizar la eliminación gradual de las redes de cobre y la transición a redes avanzadas entre 2030 y 2035.

Asimismo, para fortalecer un mercado único de conectividad, el Ejecutivo comunitario apuesta por permitir a las empresas prestar servicios en toda la Unión Europea tras registrarse en un único Estado miembro, para evitar cargar su carrera transfronteriza con excesivos trámites y regulaciones en cada país del bloque.

Respecto a este mercado único, Connect Europe señala que implementar la agenda de la presidenta Von der Leyen «requerirá cambios en la propuesta para que se convierta en un ‘ómnibus’ muy necesario para las telecomunicaciones».

«En general, nuestro análisis inicial muestra que los más de 200 artículos del borrador de ADNaumentar la burocracia y generar duplicidad en áreas como la privacidad y la protección del usuariolo que perjudica la competitividad del sector sin ningún beneficio significativo para el consumidor. Debemos armonizar aún más los requisitos en toda la UE y pasar de estándares sectoriales a estándares horizontales”, añade.

El veto a Huawei supondrá un coste de 21.500 millones para las telecos

Esta decisión se produce tras el golpe millonario para las telecomunicaciones europeas anunciado este martes con la propuesta del Comisión para la nueva Ley de Ciberseguridad, que establece un duro veto a proveedores asiáticos como Huawei y ZTE.

El paquete legislativo permite a Bruselas determinar qué empresas son proveedores de alto riesgo, prohíbe su presencia en infraestructuras y tecnologías críticas y obliga a los estados a cumplir con este veto en un plazo de tres años desde su aprobación.

El propio borrador de la norma indica que el coste para los operadores de telecomunicaciones podría situarse entre 3.400 y 4.300 millones de euros anuales durante un periodo de cinco años, lo que supone un coste para todas las empresas de telecomunicaciones europeas de entre 17.000 millones y 21.500 millones de euros.

Y la ley no se centra sólo en el 5G, sino que también se centra en diversas tecnologías como los coches autónomos, el software para paneles solares, la nube, la red móvil, la red fija y los servicios satelitales.

En cualquier caso, tanto el estándar de ciberseguridad como el de redes digitales tienen que pasar por el Parlamento y el Consejo Europeo. Una vez aprobado, Telefónica, Vodafone, Orange, Deutsche Telekom y el resto de operadores tendrán 36 meses (tres años) para eliminar dichos proveedores y reemplazarlos.