La Comisión Europea ha insistido el martes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que «no parece que la ley de Amnistía responda a un objetivo de interés general, ya que es parte de un acuerdo político para lograr la inversión del Gobierno de España». El abogado del ejecutivo de la comunidad, Carlos Urraca, agregó que «las autoridades españolas no asistieron a la recomendación de la Comisión de Venecia de que se tomó el tiempo necesario para llevar a cabo un diálogo significativo para lograr el objetivo invocado de la reconciliación».

Por lo tanto, la Comisión se ha expresado en la opinión de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebra sobre los asuntos perjudiciales que el Tribunal de Cuentas ha planteado sobre si la amnistía pone en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea, en un caso que afecta a 35 posiciones exaltas del generalitat, incluidos el ex presidente Catalans Carles Puigdemont y Artur Mas. En este sentido, el abogado de la comisión ha afirmado que no existe un «vínculo suficientemente directo entre las ilegalidades en cuestión (el financiamiento de los procés) y los recursos de la Unión». Sin embargo, Bruselas ha dicho que depende del tribunal de cuentas determinar si los fondos europeos han sido desviados para financiar los proceds, y ha asegurado que el período de dos meses que la amnistía otorga a los jueces para aplicar la regla «podría evitar» que «este examen se realice».

Por otro lado, el fiscal principal del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, ha dicho que el período de dos meses permite al Tribunal de Cuentas Verificar este tema «sin ningún problema», una opinión que también ha defendido la defensa estatal y los abogados de los Demandados.