El Gobierno ha aprovechado el real decreto-ley de medidas para mitigar el impacto de la crisis provocada por la guerra en Oriente Medio para sentar las bases de lo que serán nuevas exigencias ambientales a los centros de procesamiento de datos (aún por concretar) y para señalar al sector como uno de los objetivos de su plan contra la especulación en los permisos de acceso en las redes eléctricas (aún por ejecutar). Pero en el sector ya se temen lo peor y advierten de que la imposición de nuevas trabas regulatorias puede frenar el despliegue de nuevos centros de datos y ahuyentar inversiones millonarias hacia otros países.