Para comprender la profundidad de esta herida, debemos remontarnos al principio. Durante décadas, el Estado trazó un camino a través del cual procuradores, abogados, arquitectos, ingenieros y muchos otros profesionales canalizaron su seguridad social a través de mutualidades alternativas. En muchos casos ni siquiera había elección: era el camino que marcaba la ley. Y cabe recordar que, de esta forma, las mutuas cumplieron. Allí donde no llegaba el sistema público, apoyaban a grupos enteros, pagaban prestaciones, protegían a viudas y huérfanos, y lo hacían con los recursos de sus propias mutuas y con vocación de servicio. Si hoy hay algo que trasladar al sistema público es porque estas entidades supieron custodiarlo y hacerlo crecer durante generaciones. El problema nunca fue su trabajo, sino un marco que resultó insuficiente para garantizar pensiones dignas. Y los defectos del marco deben ser reparados por quien lo diseñó.

Como presidente de una entidad histórica como la Mutua de Abogados, cuesta entender que una reforma destinada a saldar esa deuda haya acabado sacando, una vez más, del proceso al grupo de mutualistas ya jubilados. Contradice la lógica elemental de cualquier reparación: la primera atención se da a quienes ya sufren el daño, no a quienes podrían sufrirlo mañana. También cuesta entender que el reconocimiento a los años aportados se haya quedado a medias. Se mantiene el principio de que cada año en la mutua vale como un año de cotización a efectos de la carrera profesional, y lo celebramos, pero se ha renunciado a trasladarlo al ámbito económico: las bases de cotización resultarán de convertir los fondos transferidos mediante un coeficiente corrector. Se reconoce el tiempo pero se rebaja su valor, y esa diferencia, que parece un tecnicismo, se medirá en euros cada mes en las pensiones de miles de profesionales. Nuestra obligación es señalarlo con calma, pero sin rodeos.

Quiero ser justo, porque la justicia es asunto de los fiscales. La reforma contiene un avance real: miles de profesionales en activo finalmente podrán integrarse en el sistema público en condiciones razonables. Tampoco ignoro que la política es el arte de lo posible y que no hacer nada hubiera sido peor. Pero una cosa es aceptar lo posible como punto de partida y otra consagrarlo como punto final. El primero es el realismo; el segundo sería la renuncia. Y hay algo más en juego que el destino de un grupo: la confianza, el fundamento invisible de toda provisión social. Cada vez que el Estado deja atrás a quienes confiaban en sus reglas, algo se resquebraja, y esas grietas tardan generaciones en repararse.

El juego no acaba en las Cortes. Una vez aprobada la ley quedará el desarrollo reglamentario, del que dependerán las condiciones exactas de la transferencia. Allí se decidirá si la pasarela es un puente transitable o un desfiladero lleno de condiciones. Y quiero trasladar aquí una idea fundamental: la Mutualidad no sólo está preparada para afrontar el nuevo escenario que se puede derivar de la aprobación de la pasarela, sino que también tiene la responsabilidad de seguir protegiendo los intereses de sus mutualistas sea cual sea el resultado final de la reforma.

Si al final el legislador no atiende plenamente las demandas del colectivo y la reparación histórica sigue siendo incompleta, la Mutualidad no se quedará de brazos cruzados. Por un lado, estudiará todas las vías jurídicas que puedan resultar adecuadas para impugnar aquellos aspectos de la norma que puedan generar situaciones de desigualdad o lesionar los derechos de los mutualistas. Al mismo tiempo, seguirá desarrollando soluciones propias, en el ámbito de sus competencias, para mitigar estos efectos. Este compromiso ya se ha materializado con el reparto de la plusvalía durante los dos últimos años y con la voluntad de extender este reparto también a los mutualistas pasivos en los próximos años, corrigiendo las situaciones de desigualdad existentes.

Asimismo, si la pasarela se materializa, la Mutua trabajará para que la transferencia de fondos se realice de forma ordenada, estructurada y técnicamente solvente, procurando que el patrimonio acumulado por los mutualistas a lo largo de su vida profesional no sufra daños innecesarios.

El título de estas líneas encierra una pregunta: cómo mirar al futuro cuando el pasado permanece abierto. Nuestra respuesta es mirar en ambas direcciones al mismo tiempo. La Mutualidad está preparada para el futuro, pero también comprometida con la defensa de sus mutualistas, desde el punto de vista jurídico, institucional y económico, manteniendo su vocación de servicio con independencia del contenido final de la ley. Acompañaremos a cada mutualista en su decisión, con transparencia, tanto si se queda como si opta por trasladarse. Pero también miramos al pasado, porque nos esperan colegas a los que la justicia acaba de pedir, una vez más, paciencia. Ninguna institución digna de ese nombre pasa página mientras parte de la suya permanece en la página anterior.

Los mutualistas jubilados hicieron su parte durante toda la vida; Sólo piden que el Estado cumpla lo suyo. La pasarela será recordada como un hito. Depende de todos si se le recuerda como aquel que cerró una herida y honró un encargo, y que nadie tenga que contar, en unos años, la historia de una reparación histórica que nunca llegó.

peaje francisco Es presidente de la Mutualidad de Abogados