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El Gobierno y la oposición negocian la renovación del poder electoral y del Tribunal Supremo en Venezuela

El Gobierno y la oposición negocian la renovación del poder electoral y del Tribunal Supremo en Venezuela
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  • Publishedjulio 15, 2026




La discusión política regresa a Venezuela en medio de las consecuencias del doble terremoto que ha dejado al menos 4.734 personas muertasy contando. Este martes se anunció que el 1 de agosto se iniciarán las negociaciones entre el chavismo gobernante y un sector de la oposición apoyado por Washington, con el objetivo de avanzar en reformas institucionales y abrir un camino electoral en el país.

El anuncio lo hizo Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 con mayoría opositora, a quien Estados Unidos considera la última institución democrática vigente en Venezuela. De aquella instancia sólo queda una Comisión Delegada, integrada por un puñado de opositores, que tiene control sobre los activos extranjeros en Estados Unidos. El chavismo, por su parte, controla un parlamento nacional que funciona en Caracas desde 2021.

En un comunicado, Figuera afirmó que será una agenda de trabajo «conjunta» para promover «la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional», las tres fases que la Administración de Donald Trump ha dicho que quiere impulsar en el país tras la captura de Nicolás Maduro. El texto de Figuera fue republicado en X por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien, según Figuera, demostró su apoyo.

Un nuevo Consejo Nacional Electoral

Según explicó Figuera, el grupo de trabajo estará formado por veinte personas, diez por cada bando, y abordará la formación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, la reforma de las leyes electorales y los cambios en las salas de la Corte Suprema.

Los cinco primeros nombres del bando opositor ya están confirmados: Juan Miguel Matheus, Jorge Millán, Sergio Vergara, Marco Aurelio Quiñones y la propia Figuera, todos exiliados desde hace años en España o Estados Unidos. Se han conocido otros nombres de manera informal. El objetivo, dijo, es tener listas las bases de un proceso electoral para diciembre de 2026.

Surgen dudas sobre el papel de la líder opositora María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, y Edmundo González Urrutia, reconocido por la oposición como ganador de las elecciones presidenciales de 2024, ahora exiliado en España. Machado conoció que las conversaciones con Figuera y Rodríguez comenzaron cuando ya eran un hecho consumado, pese a insistir en que tiene total coordinación con el Departamento de Estado.

Establecer una posición conjunta

Ahora que se anuncia este ciclo de conversaciones a partir de agosto, convocó de urgencia a la Plataforma Unitaria Democrática, órgano de coordinación del partido, para fijar una posición conjunta sobre lo anunciado por Figuera. Esa parte de la oposición llegó a acuerdos en Panamá hace poco más de un mes sobre una «hoja de ruta» que ahora buscarán canalizar a través de Figuera.

El presidente del parlamento oficialista, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y jefe de todas las negociaciones del chavismo durante una década, también cConfirmó que habrá conversaciones. En su breve declaración limitó el asunto a reuniones para «fortalecer la democracia». No ha dicho quién lo acompañará en la tarea,

El vínculo familiar entre los Rodríguez resume el entramado de poder que hoy gestiona tanto la emergencia sísmica como la crisis institucional del país: ley venezolana fija el plazo para reposiciones es de 180 días elecciones presidenciales, límite que ya se ha cumplido sin que el chavismo abandone su versión de que Maduro fue «secuestrado» por Estados Unidos y que no se pueden convocar elecciones para reemplazarlo.

Apenas tres días antes, el propio Rodríguez había dicho, en conferencia de prensa, que el oficialismo no tenía la «cabeza» para lidiar con la Corte Suprema de Justicia ni con el Consejo Nacional Electoral, dos instituciones identificadas como claves para cualquier apertura democrática. Discutir esos temas ahora, dijo el 11 de julio, sería una «grosería» hacia las familias afectadas por el terremoto del 24 de junio.



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