El Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quiere que haya un mayor control sobre los contratos que las administraciones adjudican directamente y sin recurrir a licitaciones abiertas a otros competidores a las empresas públicas Tragsa y Tragsatec, que forman el Grupo Tragsa. Además, tampoco está a favor de que las empresas puedan obtener directamente más contratos de obras públicas.

La competencia, en su Análisis del proyecto de Real Decreto que desarrolla el régimen jurídico del grupo.Asegura que si bien estas órdenes pueden estar justificadas por razones de interés general, como la agilidad o la flexibilidad, «su uso inadecuado puede afectar a la competencia (reducción del mercado, fortalecimiento de la posición de los operadores) y reducir la eficiencia en la gestión de los fondos públicos». Por tanto, «a la hora de formular pedidos es necesario reforzar el deber de motivación de los poderes públicosquienes deben evaluar el impacto de sus acciones y elegir la forma de suministro más beneficiosa desde la perspectiva del interés general», añade.

Como informó LA RAZÓN en su edición del 25 de noviembre, uno de los objetivos de Tragsa, que ha reconocido el estatus de sus propios medios de comunicación, por lo que es contratado directamente por entidades públicas para la realización de trabajos que se consideran urgentes o para los que no quieren recurrir a un procedimiento de contratación competitivo estándar; es que se considera urgente todo contrato que resulte nulo o sobre el que se haya iniciado un procedimiento de resolución por causas no imputables a la administración. Esta medida permitiría a Tragsa adjudicarse más contratos directamente. En este punto, la CNMC señala la necesidad de «evitar el uso sistemático de pedidos en casos de urgencia o fracaso de las licitaciones». En cambio, propone «explorar alternativas como nuevos procesos de contratación con ajustes en su diseño o tramitación acelerada».

La competencia también sugiere cumplir con la literalidad de la ley contractual respecto de los fines y funciones incluidas en el objeto social del Grupo Tragsa y sobre asignaciones vinculadas a situaciones de emergencia. También pide ajustar los precios a los valores de mercado para evitar cualquier ventaja económica que pueda considerarse ayuda pública; mayor transparencia, publicando rápidamente la formalización de pedidos y documentos relacionados, como informes justificativos; y limitar la contratación con terceros a casos excepcionales, debidamente justificados y publicados.

Tribunal de Cuentas

Respecto a estos últimos puntos, el informe sobre la auditoría de la actividad de Tragsa para los años 2021 y 2022 por parte del Tribunal de Cuentas ya pone de relieve algunas deficiencias. Así, la organización llama la atención sobre el hecho de que Tragsa, creada originalmente para alcanzar los objetivos de reforma y desarrollo agrario, forestal y de conservación de la naturaleza, «ha visto extendida su actividad a ámbitos distintos a los mencionados que exceden el contenido de su objeto social». .

El documento también asegura que en la ejecución de las órdenes de emergencia ha observado «debilidades y/o deficiencias tales como ausencia de actas de recepción, formalización de excesos y/o modificaciones y relaciones valoradas o facturas». Asimismo, ha constatado «prórrogas injustificadas ante la necesidad de actuar de forma inmediata». «Tragsa asume pedidos para casos de urgencia y emergencia, sin dejar constancia en los expedientes de las circunstancias que justifican la urgencia o emergencia», resume.

También asegura que No existe control sobre la contratación de terceros.

Quejas

El uso de recursos propios por parte de las administraciones, una práctica de la que Tragsa es punta de lanza, está en el punto de mira de la CNC por mucho tiempo. En los últimos meses, la organización ha denunciado el, a su juicio, injustificado aumento del uso de este recurso en los últimos años. La CNC ha asegurado que, según el informe «La publicidad de los pedidos a través de medios propios», elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), dependiente del Ministerio de Hacienda; De 2021 a 2022, el uso de recursos propios por parte de las administraciones para ejecutar contratos públicos creció un 77%. El importe también aumentó casi un 350%, hasta 2.631 millones de euros.

Para los empresarios, el abuso de estos medios significa una anomalía para la competencia empresarial. Por ello, la CEOE ha impulsado una acción directa ante la Comisión Europea para denunciar, a su juicio, «malas prácticas y abuso de comisiones con recursos propios» por parte de las administraciones públicas españolas.