El eurodiputado de los Comunes Jaime Asens ha presentado una denuncia penal ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía contra el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiolpor cuatro posibles delitos relacionados con la macrodesalojo del antiguo instituto B9.

La denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, sostiene que Albiol pudo haber cometido los siguientes delitos: denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa.

Asens señala en su escrito a la Fiscalía que la resolución judicial que dio lugar al desalojo lo condicionaba a «garantizará una alternativa habitacional a las personas afectadas de acuerdo con el protocolo municipal para personas sin hogar», por lo que el primero quedó «expresamente condicionado» al segundo.

Pese a ello, Albiol ha dicho en repetidas ocasiones que El ayuntamiento «no iba a ofrecer alojamiento ni recursos habitacionales«y, por tanto, «persistió en actuar en contra del orden judicial».

Albiol, a los vecinos: «Dadme sitio, carajo, para intentar solucionarlo»

Asens denuncia también la «tolerancia institucional» del Ayuntamiento de Badalona con el «episodios de bloqueo y presión vecinal«lo que impedía que los migrantes desalojados durmieran en los recursos proporcionados por las entidades sociales.

Albiol, en posteriores encuentros con vecinos en los que reiteró que no iba a dar alojamiento a estas personas, escuchó expresiones de carácter xenófobo y estigmatizante que «no fueron objeto de una desaprobación clara e inmediata» por parte del alcalde.

Una frase pronunciada por Albiol que el eurodiputado de Comuns recoge en su denuncia es: «Dame espacio, carajo, para intentar solucionarlo.. Si no, haz lo que consideres». Para Asens, esta expresión puede «interpretarse razonablemente como una tolerancia implícita a la intimidación colectiva o al uso de la fuerza».

El denunciante afirma que Albiol Negó ayuda a los inmigrantes «selectivamente» por su origen y estatus social.lo cual se enmarcaría en una denegación de servicio público por motivos discriminatorios.

El eurodiputado recuerda también que la incitación al odio no requiere que se cometan expresiones explícitas. También defiende que hay «signos de desobediencia repetida» al no dar «cumplimiento efectivo» a la resolución judicial que amparaba el desahucio. Finalmente, Asens ve un delito de prevaricación administrativa en la actuación «contraria al ordenamiento jurídico y potencialmente manifiestamente injusta».

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