El Gobierno ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025, con un total de 36,588 lugares, incluidos los organismos y fuerzas de seguridad del estado y las fuerzas armadas, que representa casi un 9% menos en comparación con el año anterior, cuando una oferta récord de 40,146 lugares, y casi 10,000 menos que los que los centros de la Unión fueron aprobados. Con esto, confirma la ruptura con las principales plantas sindicales, CSIF, CC OO y UGT, que rechazaron en la última reunión una oferta «de la cual las cifras finales ni siquiera nos presentaron», denunciaron las tres organizaciones.

Después del Concilio de Ministros, el jefe de la función pública, Óscar López, ha detallado el total de los cuadrados de simios para este año, unos 27,697 son nuevos y 8.891 son promociones internos. El EPE de este año, 26,889 lugares son de la Administración del Estado General, el 70% de los lugares para nuevos ingresos y el 30% de promoción interna. Además, el 10% del total de lugares están reservados para personas con discapacidad.

Este OEP no ha tenido el apoyo de organizaciones sindicales, ya que, después de varias reuniones, el gobierno ni siquiera tenía cifras totales sobre el número global de lugares que ofrecerían este año, mientras que las cifras que se transfirieron, en relación con la edad, durante la Tabla de Temporalidad y Empleo de la Comisión Técnica fueron «insuficientes». La falta de una cifra final hizo que los sindicatos sospechen que el número de lugares este 2025 iba a ser más bajo que los del año anterior, a pesar del hecho de que desde la función pública indicaron al comienzo de las negociaciones que el nuevo OEP iba a ser «similar» al año anterior. Y el temor de la Unión se ha hecho realidad, con una oferta que «o evitará problemas estructurales en áreas tales sensibles en la administración central, como SEPE, Seguridad Social, la Agencia Fiscal y las Instituciones Penitenciarias, o en los ayuntamientos y las comunidades autónomas», critican a CSIF.

Además, a partir de esta unión, López afectó que «se mantiene la tasa de reemplazo, lo que evitará que el fortalecimiento de las áreas de déficit de acuerdo con las necesidades reales y perpetuará la tasa de temporalidad, en la administración del estado, lo que ya ha causado la congelación de fondos de la Comisión Europea».