Correo ha generado una nueva polémica por su papel en la comercialización de las nuevas balizas de emergencia V16. La empresa habría incluido entre sus productos un dispositivo suministrado por una empresa con antecedentes y situación financiera cuestionables, por decir lo menos. El caso ha suscitado críticas y dudas en sectores políticos y de consumo y en el propio mercado del automóvil, al tiempo que ha puesto sobre la mesa preguntas sobre la gestion y responsabilidad de un operador público con más de 2.000 oficinas en toda España.

Desde la entrada en vigor de la obligación de llevar una baliza V16 en todos los vehículos a partir de 1 de enero de 2026establecido por la Dirección General de Tráfico (DGT), los conductores están obligados a disponer de uno de estos dispositivos homologados, pudiendo ser sancionados en caso de incumplimiento. Estas balizas sustituyen a los tradicionales triángulos y se activan en caso de emergencia para señalar un vehículo detenido en la vía, disponiendo además de sistemas de conectividad que permiten la geolocalización cuando se activan.

Irregularidades de un vistazo

En ese contexto, Correo decidió ofrecer la baliza comercializada por Grandisor Internacional SLbajo la marca Orflect. Sin embargo, dicha empresa que figura como proveedora, presenta múltiples irregularidades. Según los compañeros de El Objetivo, la empresa cerró el ejercicio 2024 al borde de la quiebra, con apenas dos empleados y un administrador que no aparece vinculado a otros proyectos empresariales ni tiene presencia pública comprobable. Su sede oficial está registrada en una zona residencial de Madrid y existe un sendero que la conecta con las Islas Vírgenes, conocido paraíso fiscal.

La situación financiera de Grandisor Internacional SL Es especialmente preocupante. Según El Objetivo, las últimas cuentas depositadas reflejan pérdidas superiores a los 57.000 euros, con una deuda acumulada que ronda los 500.000 euros. Pese a ello, Correos no sólo incluyó esta baliza entre las que ofrece en sus oficinas, sino que también facilitó su acceso a miles de potenciales clientes que, con la entrada de la nueva normativa, se vieron obligados a adquirir el dispositivo para poder circular con normalidad.

El hecho ha recordado casos anteriores en los que organismos públicos derivaron empresas con vínculos opacos en momentos de alta exigencia regulatoria, como ocurrió con determinados proveedores de mascarillas en plena crisis de la COVID-19.

En el centro de atención

Hasta el momento Correos no ha emitido respuesta alguna sobre el motivo de la elección de esta empresa en concreto ni los criterios que rigen la inclusión de los productos ofertados en sus oficinas. Se sabe, como adelantó El Objetivo, que para su propio stock de balizas, la empresa optó por un proveedor diferente, haciendo licitación para la compra de 4.800 unidades por 36 euros aproximadamente cada uno.

Pese a ello, la polémica ha desatado un debate más amplio que va más allá de la simple elección de proveedor. Por un lado, plantea dudas sobre el papel de Correos como canal de venta de productos de obligatoria circulación. Para los conductores, la obligación de llevar una baliza V16 ha supuesto un gasto añadido inevitable. Con casi 34 millones de vehículos en España que debe adaptarse a la normativa, el mercado de estos dispositivos ha adquirido una dimensión importante. Sin embargo, según The Objective, la aparición de marcas con diferentes nombres que ofrecen un producto esencialmente idéntico genera desconfianza en muchos usuarios.

Además, se suma la posible vulneración de la privacidad. Según se ha descubierto, cuando se activan estas balizas Los conductores están geolocalizados en tiempo real.algo que algunos grupos críticos han señalado como un tema que merece mayor transparencia y regulación.

La polémica sigue escalandoyendo a gran escala

El caso también ha llegado al ámbito político. Miembros de distintos partidos, como PP y Vox, han cuestionado la gestión de Correos, pidiendo explicaciones sobre los criterios de adjudicación y la posible existencia de relaciones poco claras entre las administraciones públicas, las empresas emergentes y la comercialización de productos obligatorios. Aunque no se han presentado pruebas de irregularidades legales, según The Objective, la percepción de falta de transparencia es suficiente para Los grupos de oposición exigen más claridad..

Por su parte, algunos expertos del sector consultados por compañeros de La Gaceta señalan que la venta de balizas V16 puede constituir una importante fuente de ingresos para Correos, que en los últimos años ha enfrentado desafíos financieros y necesita diversificar sus líneas de negocio. Éstos insisten en que la empresa pública debe actuar con especial diligencia y criterios de leal competencia, dada su naturaleza de servicio público.

El futuro más cercano

El caso de las balizas V16 en Correo destaca la tensión entre la necesidad de adaptarse a las nuevas regulaciones, la gestión de servicios públicos eficientes y transparentes, y la protección de los intereses de los consumidores. La polémica, lejos de disiparse, probablemente seguirá siendo objeto de atención en las próximas semanas a medida que se amplíe la venta de estos dispositivos y se profundicen las relaciones entre Correos y sus proveedores.