Si Elon Musk tuviera que dirigir la economía española, posiblemente se llevaría las manos a la cabeza al observar el rumbo de gastos del país en las últimas dos décadas. Musk ha planteado reducir en 500.000 millones de dólares el gasto público en Estados Unidos si tuviera la oportunidad. España, sin embargo, ha adoptado un enfoque opuesto, incrementando su gasto más que la media europea, pero sin resolver problemas clave como la eficiencia administrativa, la sostenibilidad fiscal o la inversión pública.

En los últimos 15 años, el gasto público per cápita en España ha crecido un impresionante 31,15%, casi 2,5 veces el PIB per cápita (2,31). El gasto corriente ha pasado en ese periodo de 8.616 millones de euros a 11.299 millones, según datos de la IGAE, lo que significa que ha aumentado en 2.683 millones de euros, mientras que el PIB per cápita apenas creció en 1.157 euros en ese mismo periodo, hasta los 27.146 euros, según el INE.

Frente a España, los países de la UE a pesar de haber incrementado también su gasto público corriente, lo han hecho de forma más contenida. En concreto, el gasto corriente per cápita de la UE ha crecido un 21,3% en el mismo periodo. Es un aumento significativo, pero 12 puntos porcentuales inferior al de España. Además, este incremento se encuentra tan solo 7,6 puntos por encima del su PIB per cápita, que ha acumulado un crecimiento del 13,7%, 10 puntos porcentuales de crecimiento del PIB per cápita más que España.

Para completar dicha imagen, los académicos José Emilio Boscá, Rafael Doménech, Javier Ferri, David Sarasa y Camilo Ulloa han publicado el estudio «El sector público en España y la UE: una perspectiva macroeconómica», recogido por Funcas, que analiza la evidencia comparada entre España y la UE del tamaño del sector público y su eficiencia. Las conclusiones de este análisis apuntan a que la economía española tiene un amplio margen para mejorar la eficiencia de su sector público, aprovechando al máximo las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías digitales y la evaluación de las políticas públicas, y apostando por una estructura de ingresos y gastos que maximice el crecimiento potencial de su renta per cápita.

Desajuste con la UE

Históricamente, el tamaño del sector público en España ha evolucionado de manera significativa. Hasta los años setenta, España tenía un sector público reducido, comparable al de Estados Unidos. Sin embargo, la consolidación del Estado de bienestar y la descentralización administrativa desde los años ochenta llevaron a un crecimiento considerable del gasto público, situándolo en un nivel intermedio entre la UE y EE. UU.

En los últimos quince años, España ha convergido en tamaño del sector público con la UE, pero lo ha hecho a expensas de un estancamiento en la renta per cápita. En 2006, España superaba en un 5,3% la renta per cápita promedio de la UE, pero en 2023 estaba un 11,5% por debajo. Este cambio es preocupante, ya que refleja que el aumento del gasto público no ha mejorado significativamente la calidad de vida de los ciudadanos ni el potencial de crecimiento económico.

La comparación con la UE también pone en evidencia diferencias en la composición del gasto público, según los autores del informe. En 2022, España destinó más recursos al gasto no productivo (protección social, medio ambiente y cultura) que al gasto productivo (sanidad, educación, vivienda e inversión pública). Este desbalance sitúa a España entre los países de la UE con una de las ratios más bajas de gasto productivo sobre no productivo, con solo un 48,3%, muy por debajo del promedio histórico español y del promedio europeo.

Los autores del informe también constatan que el crecimiento del gasto público en España se ha sostenido, en gran medida, mediante un aumento de las cotizaciones sociales, que en 2022 representaron un 9,5% del PIB, por encima del promedio de la UE (8%). Este incremento no solo eleva los costes laborales, afectando directamente a la competitividad de las empresas, sino que también agrava las tensiones en el mercado laboral al desincentivar la creación de empleo.

Con respecto a la fiscalidad sobre el capital, la presión fiscal de España (9%) era muy similar a la de la UE (8,9%). Como muestra Boscá et al. (2017), la evidencia disponible indica que España se encuentra en la parte con pendiente positiva de la curva de Laffer: un aumento de los tipos impositivos del trabajo, capital y consumo aumenta los ingresos públicos, pero lastra el crecimiento del PIB y del empleo, lo que ayuda a explicar que las consolidaciones fiscales mediante impuestos tengan efectos negativos más importantes sobre la actividad que las basadas en gasto.

El sistema de pensiones es el principal motor de esta presión fiscal. En 2022, España dedicó un 13,1% del PIB al gasto en pensiones, un porcentaje que supera ampliamente la media europea, por su tasa de dependencia de la población mayor de 65 años sobre la población entre 16 y 64 años (que sería de un 9,5% del PIB), y por su tasa de empleo (la cuarta más baja, después de Italia, Grecia y Rumanía), con la tercera tasa de prestación más elevada (tras Italia y Grecia). Este desequilibrio no solo refleja el peso del envejecimiento demográfico en la economía española, sino también la ineficacia de las reformas recientes, que han incrementado el gasto sin garantizar la sostenibilidad del sistema.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), presentado como una solución para equilibrar las cuentas, en realidad traslada la carga a las generaciones jóvenes. Este mecanismo aumenta las cotizaciones sociales sin generar derechos pensionables equivalentes, lo que no solo deteriora la equidad del sistema, sino que también añade presión sobre la creación de empleo y el crecimiento económico, al encarecer los costes laborales. A esto se suman medidas como el recargo en las bases máximas de cotización y la denominada cuota de solidaridad, que nuevamente incrementan la presión fiscal sin mejorar la autosuficiencia del sistema.

Gasto en pensiones

Según el Ageing Report 2024, el gasto en pensiones en España pasará del 4% al 5,7% del PIB para 2050, una proyección que pone de manifiesto la dependencia creciente del sistema de las transferencias del Estado. Este escenario no solo pone en riesgo la sostenibilidad fiscal del país, sino que también reduce significativamente el margen para financiar otras políticas públicas esenciales, como la inversión en infraestructuras, sanidad o educación. Esta situación actual y prospectiva del sistema público de pensiones de España contrasta con la del conjunto de países europeos y, especialmente, con aquellos que cuentan con mecanismo de ajuste automático y/o parten de una situación de equilibrio en sus sistemas de pensiones.

Uno de los aspectos más preocupantes de la evolución reciente del gasto público en España es la marcada disminución de la inversión pública per cápita desde 2009, un componente esencial para el crecimiento económico a largo plazo. Actualmente, se encuentra 4 décimas por debajo de la media de la UE, lo que afecta negativamente a infraestructuras, investigación y desarrollo, y vivienda. En términos netos, la inversión pública ha sido cercana a cero en varios años, debido a que no ha compensado la depreciación de las infraestructuras existentes. Esta situación contrasta con países como Alemania y Francia, que han logrado mantener niveles estables de inversión, garantizando un soporte sólido para sus economías.

Por otro lado, uno de los principales desafíos del sector público en España es su baja eficiencia en comparación con otros países europeos. Según los World Governance Indicators del Banco Mundial, España ocupa posiciones inferiores en calidad de servicios públicos, independencia administrativa y transparencia. España ha perdido terreno en términos de eficiencia administrativa, mientras que países nórdicos como Dinamarca, Suecia y Finlandia, con sectores públicos grandes y eficientes, han logrado mantener altos niveles de satisfacción ciudadana y productividad económica, según los indicadores de gobernanza. La evidencia muestra que los países con sectores públicos eficientes, como los países nórdicos, tienden a tener una mayor disposición a pagar impuestos, lo que a su vez permite financiar aumentos de su tamaño y eficiencia. Sin embargo, la falta de eficiencia en España dificulta justificar el aumento del gasto público y genera un impacto negativo en áreas clave como la sanidad y la educación.

Sin resultados tangibles

Los autores también recogen en su informe que el gasto en sanidad pública ha crecido un 48% en términos reales entre 2003 y 2022, pero la satisfacción con el sistema sanitario no ha mejorado, manteniéndose en torno a 6,3 puntos sobre 10 durante las últimas dos décadas. Esto sugiere que el problema no radica únicamente en la financiación, sino en la gestión y organización de los recursos.

Además, el gasto en atención primaria, fundamental para garantizar una atención sanitaria eficiente, ha permanecido estable en torno al 14% del gasto total, lo que limita su capacidad de respuesta a las necesidades de una población envejecida.

En educación, España enfrenta retos similares. A pesar de destinar recursos significativos al sistema educativo, indicadores como el abandono escolar temprano y la calidad de las universidades españolas siguen estando por debajo del promedio europeo. Este desajuste evidencia la necesidad de reformas estructurales que mejoren la competitividad y la adaptabilidad del sistema educativo a las demandas del mercado laboral. Rafael Doménech (BBVA Research), lamenta que el incremento del sector público español no haya ido en paralelo a una eficiencia del mismo. «Tenemos un margen de mejora considerable y, antes de aumentar el tamaño del sector público, sería necesario optimizarlo», apostilla.

El aumento del gasto público en España en las últimas décadas ha estado marcado por una expansión desproporcionada del gasto corriente y las cotizaciones sociales, mientras áreas clave como la inversión pública y la eficiencia administrativa han quedado relegadas. Esta dinámica no solo pone en riesgo la sostenibilidad fiscal del país, sino que también limita su capacidad para generar un crecimiento económico sólido y equitativo. España necesita una hoja de ruta clara para optimizar su sector público, que incluya: Reformas en el sistema de pensiones, orientadas a garantizar su sostenibilidad a largo plazo; Inversiones productivas, especialmente en infraestructuras, investigación y desarrollo y mejoras en la eficiencia administrativa, tomando como referencia las mejores prácticas europeas.

Déficit de políticas activas

Otro aspecto crucial de las prestaciones sociales, y que los autores del informe destacan con especial énfasis, está relacionado con la distribución del gasto público en el mercado laboral. Según señalan Andrés y Doménech (2015), en España la proporción de gasto destinada a políticas activas de empleo, como la formación profesional, los programas de activación laboral y las iniciativas orientadas a la inserción en el mercado laboral, es considerablemente baja en comparación con el gasto destinado a políticas pasivas, como los subsidios por desempleo. Este desequilibrio es particularmente notable al compararlo con la estructura de gasto de otros países de la Unión Europea, que han logrado un mayor equilibrio en esta materia.

«Este desequilibrio resulta especialmente preocupante debido al desajuste existente entre las cualificaciones de una parte importante de los trabajadores y las necesidades reales del tejido productivo», señalan los autores. Este desajuste debería hacer de las políticas activas de empleo una prioridad estratégica, especialmente en un país como España, donde la tasa de desempleo no solo es alta, sino que duplica la media europea. El desarrollo e implementación de políticas activas más efectivas no solo contribuiría a mitigar este desajuste, sino que también tendría un impacto positivo en la competitividad y la productividad del país, mejorando la capacidad de los trabajadores para adaptarse a un mercado laboral en constante evolución.

La insuficiencia y la limitada eficacia de las políticas activas de empleo tienen además un impacto directo en el persistente y elevado desempleo juvenil en España. Entre los factores que agravan esta situación destacan las carencias del sistema de enseñanza preuniversitaria, el preocupante porcentaje de abandono escolar temprano al finalizar la educación secundaria, y la posición poco competitiva que ocupan las universidades españolas en los rankings internacionales. Todo ello genera un importante colectivo de jóvenes con una formación insuficiente y/o inadecuada para responder a las demandas actuales del sector productivo. En un contexto en el que la digitalización, la transición energética y la innovación tecnológica marcan el rumbo del mercado laboral, esta brecha formativa representa un desafío significativo para la integración de los jóvenes en el empleo.

Este análisis evidencia la urgente necesidad de que España reconfigure la composición de su gasto público.