El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha convertido la consulta sobre la OPA de BBVA a Banco Sabadell en una broma, después de convertirse en solo unas pocas horas en el centro de bromas y risas de las instituciones y ciudadanos, los mismos a quienes quiere consultar, ya que la forma disponible para aquellos interesados ​​en los interesados ​​sobre si la fusión entre ambas bancarias no está a salvo, y los datos pueden ser falsos.

El gobierno ha lanzado hoy su controvertida consulta sobre la OPA, en la cual, en teoría, los ciudadanos con presunto DNI en orden, organizaciones y empresas podrán aumentar la operación al Consejo de Ministros, que podrían decidir modificar los requisitos impuestos por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

La consulta en sí consiste en un formulario con preguntas relacionadas con los criterios de interés general que identifica la ley de defensa de la competencia en su artículo 10.4, lo que permite al gobierno evaluar las operaciones de acuerdo con criterios tales como la defensa nacional y la seguridad, la protección de la seguridad pública o la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional.

Hasta ahora todo es plausible, incluso si es poco probable y con asambleas comunistas. Pero lo que iba a ser el último gran paso hacia la «verdadera democracia», según el gobierno, se ha convertido en una espantadora, un capítulo de una comedia absurda en la que nadie se ríe, solo se burla de la falta de respeto por los ciudadanos.

¿Y por qué todo esto? Debido a que esta consulta pública se ha publicado con una concatenación de errores técnicos, lo que evitará su resultado de tener la capacidad de toma de decisiones que el presidente esperaba. La causa es que el formulario no tiene filtro, es decir, se puede enviar tanto como desee, el nombre y la ID se pueden falsificar y se puede poner todo tipo de mensajes aleatorios que nada puede tener que ver con el problema OPA.

Por lo tanto, este periódico ha logrado completar el formulario innumerables veces de la misma computadora y con el mismo usuario sin el sitio web del Ministerio de Economía, haberlo bloqueado o evitado. El cuestionario se rellena manualmente en todos los campos, pero sin exigir ni verificar que los datos y la identificación sean reales. Se han utilizado nombres falsos, identidades ficticias, correos electrónicos inventados o números de identificación irreal. El sitio web admite cualquier cosa. Todos los campos incluso se pueden llenar con el nombre de los personajes fallecidos, como Francisco Franco o Napoleón.

Según el gobierno en una declaración anterior, la consulta consiste en preguntas relacionadas con los criterios de interés general que identifica la ley de defensa de la competencia en su artículo 10.4, lo que permite al gobierno evaluar las operaciones de acuerdo con los criterios de interés general, como la defensa nacional y la seguridad, la protección de la seguridad pública o la salud o el libre movimiento de bienes y servicios dentro del territorio nacional.

Al no limitar el acceso al formulario, cualquiera puede responder las siguientes preguntas: «¿Considera que hay criterios de interés general diferentes de la defensa de la competencia que puede verse afectada por la operación BBVA/Banco Sabadell?», A los cuales el participante debe responder señalar la opción «sí» o «no».

Luego pregunte: «¿Cuáles crees que son los criterios de interés general que no sean la defensa de la competencia que puede verse afectado por la Operación BBVA/Banco Sabadell?» y da como opciones las recopiladas por la ley de defensa de la competencia. Dependiendo de la respuesta anterior, pide que indiquen «que otro u otro criterio de interés general considera que pueden verse afectados por el BBVA/Banco Sabadell». A continuación, debemos responder a «¿En qué medida considera que estos criterios de interés general pueden verse afectados por la operación de BBVA/Banco Sabadell? Valor El impacto estimado», «¿Cree que las medidas que permiten proteger los criterios de interés general indicado anteriormente pueden establecerse?» Y «¿Qué propuestas crees que serían adecuadas para proteger los criterios de interés general afectados?» Un buzón está acompañado para proporcionar información adicional.

Este formulario tiene un breve encabezado con una cronología general del proceso, que explica que el 31 de mayo del año pasado se notificó a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) (CNMC) la operación pública de adquisición de BBVA, que fue aprobada por la competencia con compromisos el 30 de abril y que el Ministerio de Economía recibió el lunes la notificación de la resolución, después de lo cual comenzó la tercera fase y una primera vez de 15 días. Negocios, hasta el 27 de este mes, en el que debe decidir si plantear o no el escrutinio del Consejo de Ministros. A partir de ahí, será el gobierno el que tiene 30 días para confirmar la resolución del CNMC o autorizar la operación con o sin condiciones adicionales por razones de interés general y no defensa de la competencia, lo que tendrá en cuenta el resultado de que este «referéndum de la Asamblea» tendrá en cuenta.

El Ministro de Economía, el organismo de Carlos, aseguró que el procedimiento, anunciado por el presidente, Pedro Sánchez, está «totalmente alineado con la legislación actual» y considera que es una «buena práctica» que el ejecutivo usará nuevamente si se produce un escenario similar nuevamente. Desde su ministerio, han considerado que esta consulta residencial porque su objetivo es «reunir, directamente o mediante organizaciones representativas, la opinión de las personas naturales y legales potencialmente afectadas por la operación, antes de decidir si la operación de concentración bancaria aumenta o no al Consejo de Ministros». Bueno, no se ha esperado el resultado.

Las fuentes del gobierno argumentan que filtrarán cualquier anomalía una vez que todos los datos estén disponibles y se purificarán si una persona ha intervenido varias veces, que lo ha hecho de diferentes maneras o con información personal falsa. Aunque todo eso se hará más adelante y sin garantías en el proceso.