Aquella resolución, que vino acompañada de una sanción de 80,6 millones de euros contra ocho empresas y dos empresarios, fue sólo el preludio de lo que estaba por venir. Después de años de viacrucis judicialEn julio de 2025, los ganaderos recibieron el impulso definitivo cuando el Tribunal Supremo rechazó un recurso de Nestlé contra la multa de Competencia, dando pie a que los antiguos proveedores de esta empresa comenzaran a pedir indemnizaciones y, no menos importante, indicando cuál sería la probable respuesta que recibirían el resto de industrias, ya que todas recurrieron.

También fueron inadmisibles los recursos de CAPSA (fabricante de Central Lechera Asturiana) -aunque esta empresa tiene activo otro recurso en el Tribunal Superior de los demandantes, para aumentar el importe de su sanción-, la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (AELGA) y Central Lechera Galicia, y el 29 de junio le tocó el turno a Lactalis (fabricante de Président), que recibió sentencia de despido que confirmó la multa. El resto de empresas están en lista de espera. apelaron en casación: Pascual, Danone, Puleva (ahora integrada en Lactalis) y Schreiber Foods. El cártel fue completado -según la CNMC- por el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), que ni siquiera intentó librar la batalla legal.

ABC ha confirmado que ya son 9.000 los reclamantes que van a presentar reclamaciones por valor 1.575 millones de euros a través de grandes empresas especializadas, aunque esa cifra es conservadora porque hay una gran cantidad de empresas más pequeñas involucradas. Fuentes jurídicas aseguran que el número final de denunciantes rondará los 11.000.

Para ilustrar la magnitud de las posibles víctimas, basta recordar que entre 2000 y 2013, que es el período en el que la camarilla industrial operó según Competencia, el sector perdió 30.000 profesionaleshasta 21.000 en 2013; y hoy apenas quedan 9.000 (datos del Ministerio de Agricultura). Es imposible determinar hasta qué punto estas explotaciones cerraron por manipulación del mercado o por problemas propios del sector, pero lo cierto es que la Justicia ha abierto una puerta para que puedan ser indemnizados con entre el 2 y el 9% del valor del producto que vendieron en esos años. Ese es el rango que están fijando los juzgados ordinarios y audiencias provinciales que ya se pronunciaron sobre las primeras demandas que se presentaron, que los despachos concibieron como una especie de globo sonda que les permitiría fijar los montos a reclamar antes de aterrizar en los tribunales con el grueso de las denuncias.

Actualmente la batalla legal se libra en dos frentes. Por un lado, está el intento de las empresas de evitar el pago de la multa, estrategia que sufrió un serio revés cuando en febrero de 2024 La Audiencia Nacional respondió negativamente a los recursos que las industrias habían presentado. El tribunal aceptó las pruebas presentadas por la CNMC, que incluían actas de reuniones celebradas entre las industrias lácteas y notas manuscritas, aunque en el caso de Danone, Puleva y CAPSA ordenó el nuevo cálculo de la multa al entender que existía prescripción parcial.

Sea como fuere, esto no afectará a las compensaciones, que es el otro frente de esta guerra y donde las empresas realmente están arriesgando su dinero. Según explica a ABC Juan Álvarez, director de Negocios de Eskariam, despacho de abogados que representa a 8.000 ganaderos, en su caso reclamarán una cantidad equivalente a 9% de la leche vendida en el periodo más intereses compuestos, lo que suma 1.200 millones de euros en los casos que empezarán a presentarse a partir del próximo otoño.

Es imposible exagerar las cifras de este caso, que aspira a convertirse en el más sonado de cuantos se han abierto contra los cárteles en nuestro país desde que allá por 2017 el Gobierno traspusiera la Directiva europea de Daños, lo que abrió la puerta a grandes litigios colectivos. Juan Camacho, abogado de BGI Law, explica que representan 900 ganaderos Van a pedir 350 millones de euros.

El tiempo corre a favor de los agricultores, ya que el año pasado el TJUE estableció que el plazo de prescripción de cinco años no comienza a correr hasta que la sanción sea firme; es decir, hasta que la Corte Suprema se pronuncie. Sin embargo, los abogados tienen varios años para convencer a más ganaderos de que presenten demandas, lo que no es fácil -explican- porque en muchos casos estas personas sólo tienen un cliente, que es precisamente una de las empresas multadas.