del «blindaje» de la red pública a los «peros» de los empresarios por «generar falsas expectativas»
«La vivienda es un derecho y no puede tratarse como un mero activo financiero», advirtió este lunes por la tarde el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, en la comisión en la que presentó el proyecto de ley de Vivienda de Asturias. El texto inicia ahora su tramitación parlamentaria y ya tiene algunos peros, como los expuestos en la Junta, durante la ronda de comparecencias informativas, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo. Advierte de que el espíritu de la ley, que proclama el derecho subjetivo de cada ciudadano a tener una vivienda «digna y adecuada, no construye viviendas y únicamente genera falsas expectativas entre la población».
[–>[–>[–>Primera en 43 años de autonomía
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Ovidio Zapico defendió el proyecto de su departamento –única consejería en manos de IU, dentro del Gobierno regional con el PSOE– porque «supone un cambio de modelo» al ser la primera ley integral de vivienda en 43 años de autonomía. El texto concibe la vivienda como un derecho, en línea con el artículo 47 de la Constitución, y no como un objeto de especulación, situando a las personas en el centro de la acción pública.
[–> [–>[–>Zapico, segundo por la derecha, rodeado por el director general de Vivienda, Daniel Sánchez; el secretario general técnico del Ministerio, Jonatan Frade, y el jefe del servicio de Régimen Jurídico de la Dirección General de Vivienda, José María González. / Principado de Asturias
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Entre el contenido figura el «blindaje» de la vivienda pública y la garantía de que la protegida mantenga de forma permanente su función social. Uno de los ejes centrales, destaca la consejería, es la consolidación del parque público. La ley establece que todas las viviendas de titularidad del Principado tendrán destino exclusivo al arrendamiento y no podrán ser enajenadas. «No se venderá ni una vivienda pública más en Asturias», prometió.
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Dio Zapico algunos datos, como la reducción del parque público de vivienda: de las 32.000 en los años 80 a las poco más de 9.600 en 2023. La nueva ley impedirá nuevas ventas y garantizará que los recursos públicos invertidos en vivienda mantengan indefinidamente su destino social.
[–>[–>[–>Aspectos «rechazables»
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Por su parte, Calvo cree que el texto incluye aspectos «rechazables» dado que parte de un intervencionismo administrativo no productivo y no solo no contribuye a aumentar el parque de vivienda protegida construida por promotores privados. sino que lastra ese objetivo: «Sin suelo, sin incentivos y sin colaboración público-privada esta ley no creará una sola vivienda ni resolverá un solo problema».
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La líder de la patronal cree necesario que haya más suelo «finalista», es decir, listo para edificar, porque «ahora soporta unas cargas que lo hacen inviable». Disponer de ese suelo en el mercado requiere articular mecanismos ágiles de tramitación «y no sobrecargados de obligaciones para sus propietarios» y conseguir que promoverlo resulte viable económicamente, según Calvo.
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[–>Calvo ha recordado que el número de viviendas de protección oficial (VPO) ejecutadas por empresas privadas en Asturias fue de 16.175 entre los años 1991 y 2000 -1.615 al año, el 28 % del total de las construidas-, cifra que se situó en 12.500 entre 2001 y 2010 -1.250 al año- y que entre 2011 y 2020 registró la mayor caída «nunca vista» tras la crisis financiera al finalizarse 4.600 inmuebles, 3.800 de ellos en los dos primeros años de dicho periodo.
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