Dos sentencias del Tribunal Constitucional llevaron a la Asociación de Fiscales (AF) a demandar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A juicio de los magistrados, protegen la política de nombramiento discrecional de la Fiscalía General del Estado, es decir, denuncian los nombramientos a mano según afinidades ideológicas

Entiende que la decisión del TC que amparó el 15 de enero al fiscal Eduardo Esteban, cuyo nombramiento, elegido por Dolores Delgado, fue anulado por la Corte Suprema, consolida un modelo de designación en el que la discrecionalidad del poder público prevalece sobre los principios de mérito y capacidad, pilares esenciales, dicen, del acceso y promoción dentro de la carrera tributaria.

Según la AF, el tribunal aceptó la motivación de Esteban y desconoció la necesidad de mérito, imponer discreción al elegir entre candidatos y aceptar como criterio su mayor afinidad ideológica. Denuncia una «violación manifiesta» del artículo 14 del Convenio, por haber permitido un sistema en el que criterios distintos a la capacidad técnica pueden ser decisivos en la designación de cargos en el ámbito de la justicia.

Además, consideran que esta doctrina “trasciende el caso específico y afecta a todo el sistema institucional» y » debilita las garantías que deben regir el ejercicio del poder público y comprometer la credibilidad de la acusación como institución esencial del estado de derecho.

El TC defendió la postulación

En el mismo espíritu, el presidente de la AF, Cristina DexeusDestaca que el TC «legitima un sistema de nombramiento en el que la afinidad ideológica, cuidadosamente amparada en argumentos jurídicos, pueda prevalecer sobre la especialización técnica necesaria para ejercer el cargo». La sentencia contó con el voto de cuatro personas y la abstención de Conde-Pumpido, La mayoría progresista justificó el amparo del fiscal Eduardo Esteban.

“Una vez que el legislador ha regulado, con cierta densidad normativa, el sistema de promoción profesional y de asignación de cargos, resulta claro que su los requisitos son plenamente vinculantes para la administración llamada a aplicarlos y para el órgano judicial quienes deben revisar la actuación administrativa correspondiente”, añade.

Por tal motivo, el TC no compartió la decisión del Alto Tribunal de revocar el nombramiento de Esteban ya que este no se dedicó «No hay razonamiento jurídico para dilucidar cuál es la base normativa que impide la evaluación conjunta de criterios distintos de la especialización.«.

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