Esta asociación se ha visto obligada a hacer pública su postura ante lo que considera «reiteradas inhabilitaciones» que se han dirigido al colectivo y al papel que desempeñan los inspectores en el sistema tributario español. «Muchas de estas críticascarente de rigor y lejos de la realidad del trabajo que se está realizando, han traspasado los límites de lo razonable y exigen una respuesta clara y firme del grupo», afirma IHE.

La crítica más reciente a los inspectores proviene de la sentencia judicial que ha eximido a la cantante Shakira del delito fiscal y de la obligación que ahora tiene Hacienda de devolver 60 millones de euros a la artista al no haber podido acreditar que estuvo viviendo más de 183 días en España en 2011. Para ello, los inspectores tuvieron que realizar un seguimiento exhaustivo de sus movimientos para determinar si cumplía este requisito, imprescindible, para poder exigir su tributación en España y no fuera del país.

A raíz de este trabajo, y de la acusación que ha sufrido el colectivo como insiste la organización, los inspectores insisten en que sólo tienen un objetivo: aplicar el sistema tributario con rigor, equidad y total sumisión a la ley, en beneficio de todos los ciudadanos. Porque, señalan, «son esos mismos ciudadanos, entre los que nos encontramos, quienes financian los servicios públicos, y es en su nombre que actuamos.

Los inspectores aclaran que las críticas legítimas «Debe estar respaldado por datos, fundamentos y objetividad». «No es admisible la construcción de relatos o descalificaciones personales que erosionen injustamente la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones democráticas», insisten. Porque es especialmente importante «que se conozca y reconozca la magnitud de una obra esencial para el Estado de bienestar». «Los inspectores de Hacienda prestan diariamente servicios de asistencia e información al contribuyente y desarrollan, con especial complejidad, la lucha contra el fraude fiscal, investigando estructuras cada vez más sofisticadas que causan graves perjuicios al erario público», aclaran.

En cualquier caso, admiten que la institución tributaria «es mejorable». Y ante esta derivada, es necesario un «debate honesto, que en ningún caso puede asociarse a la inhabilitación». Los inspectores piden analizar siempre con una perspectiva crítica, «pero desde el conocimiento de nuestro trabajo, que implica una enorme dificultad, caracterizado, en muchas ocasiones, por la complejidad de la normativa, de la que el único responsable es el legislador, no la Administración y mucho menos la Inspección de Hacienda.

Deflación del IRPF y financiación singular

De la variedad de quejas que tienen los contribuyentes, los inspectores se hacen eco de algunas importantes, vinculándolas con las «crecientes dificultades económicas que soportan los ciudadanos». Se refieren concretamente a la necesidad cada vez más apremiante de acceder a un empleo estable y de calidad; el encarecimiento de bienes de primera necesidad como la vivienda, la cesta de la compra o los suministros básicos; la continua pérdida de poder adquisitivo de las familias; la situación derivada de la sin deflación del tipo del impuesto sobre la renta de las personas físicas; y el enorme peso que recae sobre la clase media trabajadora, que soporta la mayor parte de los impuestos. «Todo ello genera un desgaste evidente en quienes, día tras día, hacen un esfuerzo titánico para seguir adelante con su vida. Y nosotros, que no vivimos aislados, también somos víctimas de ese contexto», señalan.

Los inspectores aprovechan para criticar la «seriedad» de los acuerdos de financiación regionales entre los Estado y Cataluña, «adoptado sin debate democrático y con un evidente carácter inconstitucional, lo que conducirá a la ruptura del fondo común y de la base de datos tributaria compartida que hoy custodia la AEAT». Y el «riesgo» de desmantelar el servicio público sustituyendo los actuales procesos selectivos de altos cargos por sistemas menos exigentes y con criterios subjetivos.