Clavos 200 familias denuncian que están siendo intimidados para que no pidan prórroga del alquiler aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Al menos 200 familias Viven en 13 bloques en el centro de Madrid. Sus casas pertenecen a la Iglesiapero la institución religiosa los vendió a un papel pintado.

Y eso no es todo, porque estas viviendas, recordemos que son trece edificios, volvieron a cambiar de manos. Ha habido una reventa y el nueva empresa presiona a los inquilinos para que abandonaran sus hogares.

Piedad existe desde hace 12 años. en uno de los edificios afectados. Desde Entra en vigor el real decreto de alquilerinforma que no ha dejado de recibir llamadas. «Son llamadas muy insistentes»asegura Piedad, quien explica que en esas comunicaciones le dicen «que esto no va a salir adelante». En referencia a su vivienda y su estancia en ella. Porque a Piedad se le acaba el contrato en julio y quieren que se vaya del edificio. «Incluso Van a hacer obras y nos dicen que podemos hacer una salida amistosa«, se lamenta.

Otros vecinos de alquiler antiguocomo MaricarmenTambién han recibido presiones. les preguntan «¿Cuánto quieren por los pisos?». Pero los inquilinos dicen que «quieren morir» en sus casas, «porque están aquí desde que nacieron».

De Más Madrid Piden a inquilinos no prestar atención a las amenazas. Porque, como explica Lucía Lais, concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid: «Lo que quieren es vaciar estos edificios para poder especular».

Por ello, insisten a las familias en que «pide el real decreto, pide la prórroga, funcionará».

Este edificio y otros 13 fueron legados por particulares al Fundación Fusara, vinculada al Arzobispado de Madrid. La idea era que los gestionara y los dedicara al albergue de personas con bajos ingresos. Sin embargo, en 2019 fueron vendidos a empresas fachada y fondos buitre.

Hace unos meses el arzobispado llegó a un acuerdo con otra empresa para revenderlos a un precio superior. «Me llamó el abogado de la nueva propiedad», cuenta Clara, otra inquilina afectada. Asegura que le han dado hasta el 1 de julio. «No me cobran alquiler hasta el 1 de julio si salgo ese día».

Los abogados que representan a los nuevos propietarios sostienen que Intentan llegar a acuerdos con los inquilinos. Recordemos que hay unas 200 familias afectadas que se encuentran en un proceso judicial desde 2019. Si no encuentran una solución, incluso acudirán al Tribunal Constitucional.

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