ÁVILA, 29 de junio. (EUROPA PRESS)-

La Guardia Civil de Ávila ha investigado a nueve personas como presuntos miembros de un grupo dedicado a la cría y venta irregular de cachorros de perros, animales que carecían de trazabilidad, eran entregados con documentación falsificada y en algunos casos con graves problemas de salud, que provocaron la muerte de varios perros.

Bajo el título ‘Bibiache’, la investigación, desarrollada por el Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Ávila, se inició el pasado 10 de diciembre tras obtener fundadas sospechas sobre posibles irregularidades en una actividad relacionada con la ganadería.

Tras los primeros trabajos de investigación, los agentes inspeccionaron a mediados del pasado diciembre las instalaciones situadas en la comarca de La Moraña (Ávila), donde detectaron indicios de posibles infracciones penales y administrativas.

Asimismo, los agentes realizaron numerosas diligencias operativas, análisis, seguimiento de las plataformas digitales donde se publicitaban los animales, entrevistas, inspecciones, así como controles mediante herramientas geográficas y vuelos con drones.

Las investigaciones permitieron determinar la existencia de una supuesta estructura dedicada a la cría y venta de cachorros de perros, que adquiría animales y posteriormente los distribuía a distintos puntos del territorio nacional, a través de sitios web y redes sociales como medio de captación de compradores.

Durante las inspecciones realizadas, los agentes comprobaron la actividad de cría y comercialización de cachorros, que carecía de trazabilidad y documentación legítima, y ​​comprobaron que los microchips estaban intercambiados y los animales no estaban registrados.

También se detectaron varios ejemplares de especies protegidas, como jilgueros y jilgueros, sin la debida documentación, violando así las normas de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), así como una conexión irregular al suministro eléctrico.

Posteriormente, en una segunda inspección realizada en otra localidad de la comarca de La Moraña, se incautaron numerosas tarjetas sanitarias, medicamentos veterinarios y microchips no implantados, según informó la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.

En ese contexto, la investigación permitió comprobar que los cachorros fueron sometidos a movimientos de larga distancia a los pocos meses de edad y con posibles irregularidades en la documentación sanitaria y administrativa.

De esta manera, se documentaron casos en los que los animales presentaron graves problemas de salud tras su adquisición, requiriendo asistencia veterinaria, así como la muerte de varios ejemplares.

Los investigadores también acreditaron la presunta colaboración necesaria de tres veterinarios investigados, cuyas actuaciones habrían permitido el acceso a determinados medicamentos veterinarios y la implantación de microchips.

MÁS DE 600 AFECTADOS

Como resultado del análisis económico de la operación, la Guardia Civil localizó a 636 personas que podrían haber resultado perjudicadas, distribuidas por todo el territorio nacional, al figurar como pagadores a través de transferencias telefónicas.

La trama habría obtenido al menos 125.265 euros en reservas y pagos relacionados con la adquisición de cachorros. Tras contactar con algunos de los afectados, también se abonaron pagos en efectivo por valor de 21.060 euros.

De esta forma, los ingresos acreditados obtenidos por los cuatro principales beneficiarios ascenderían a 146.325 euros en un periodo aproximado de un año, aunque se estima que los beneficios podrían superar los 500.000 euros por los pagos pendientes de análisis y los realizados en efectivo.

A los investigados se les atribuyen, según su grado de participación, presuntos delitos contra la protección de la flora y la fauna, defraudación eléctrica, publicidad engañosa, estafa, falsificación documental, intrusión profesional, maltrato animal por omisión, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo delictivo.

Las actuaciones se han desarrollado bajo la dirección de la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, con la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Ávila, la Sección Agraria Regional de Arévalo, el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Ávila, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ávila, técnicos del I-DE Grupo Iberdrola y el Departamento de Fraude e Investigación de Iberdrola España.

Las diligencias practicadas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.