CÁCERES, 26 de febrero. (EUROPA PRESS)-

agentes de la guardia civil, perteneciente a la posición de Peraleda del Mata y al equipo rock de Navalmoral de la Matajunto con agentes de la Brigada Provincial de Inmigración y Fronteras de policia nacional de Cácereshaber llevado a cabo una desempeño conjunto que ha permitido detectar a fraude relacionado con matriculaciones irregulares de ciudadanos extranjeros en la ciudad de El Gordo (Cáceres).

Los hechos tienen su origen en la inscripción de diez ciudadanos extranjeros en una vivienda social que fue adjudicada a un vecino de esta localidad cacereña. Entre las personas empadronadas se encontraban cinco ciudadanos de origen marroquí y cinco de origen egipcio, país con el que la localidad no tiene vínculos, circunstancia que llamó la atención de las autoridades al tratarse de un número elevado de empadronamientos en un municipio pequeño.

Ante estos indicios, agentes de la Guardia Civil de Peraleda de la Mata, en cuyo distrito se ubica la localidad de El Gordo, junto con el Equipo ROCA de Navalmoral de la Mata, iniciaron gestiones encaminadas a esclarecer las circunstancias en las que se habían producido dichos registros.

Las investigaciones permitieron comprobar que las personas empadronadas realmente no residían en la localidad, ni habían utilizado la vivienda en la que estaban empadronados, e incluso se desconocía su presencia habitual en el municipio.

De esta forma, se concluyó que las inscripciones se habían realizado infringiendo la ley, al no constituir el domicilio el domicilio real de los ciudadanos extranjeros empadronados, informaron en un comunicado conjunto la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Brigada Provincial de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional en Cáceres que, a la vista de las pruebas aportadas, procedió a incoar diez expedientes sancionadores por infracción grave de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.

Una vez tramitados los expedientes ante la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, ésta decidió imponer diez sanciones administrativas, de 1.000 euros cada una, por lo que el propietario de la vivienda se enfrenta a una multa total de 10.000 euros, por haber consentido como propietario de la vivienda en la inscripción de personas extranjeras sin que ello constituya su domicilio real, y además dicha vivienda está destinada exclusivamente a su residencia, al tener la condición de vivienda social.

El presunto autor de los hechos es un varón de nacionalidad española, que cuenta con antecedentes policiales por otros hechos delictivos de distinta naturaleza.

La Guardia Civil y Policía Nacional recuerdan que las altas fraudulentas de ciudadanos extranjeros suelen tener como objetivo cumplir ilícitamente un requerimiento administrativo para regularizar situaciones que vulneran la ley o para obtener indebidamente prestaciones o ayudas sociales.

Este tipo de comportamiento puede acarrear sanciones administrativas de hasta 10.000 euros y, en determinados casos, incluso responsabilidad penal.