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La política económica requiere más que reflejos inmediatos ante cualquier perturbación externa. Requiere análisis, coherencia y, sobre todo, comprensión de los mecanismos que rigen la creación de riqueza. El reciente anuncio de Yolanda Díaz de proponer un nuevo aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), apenas seis meses después del anterior, bajo el argumento de la guerra de Irán, revela una vez más una tendencia preocupante: el uso de medidas con impacto político inmediato que, sin embargo, generan efectos económicos profundamente distorsionantes.

La primera cuestión que cabe señalar es la desconexión entre la causa alegada y la medida propuesta. Un conflicto geopolítico como el de Irán puede tener efectos en los precios de la energía, la inflación o las cadenas de suministro. Pero intentar responder a esto aumentando el SMI revela una comprensión limitada de los canales de transmisión económica. Una perturbación de costos no se combate aumentando otro costo adicional por decreto; se pone peor.

El salario no se puede fijar arbitrariamente sin consecuencias. Es el resultado de la productividad del trabajo en un contexto de mercado. Cuando el legislador impone un salario mínimo por encima del nivel que corresponde a la productividad de determinados trabajadores, lo que está haciendo, en términos económicos, es expulsarlos del mercado laboral o empujarlos a la economía sumergida. Si la productividad no sustenta ese salario, la relación laboral no es sostenible.

España ya tiene un problema estructural en este ámbito. Las sucesivas subidas del SMI en los últimos años han incrementado significativamente el coste laboral de los trabajadores menos cualificados. Este aumento no ha ido acompañado de mejoras equivalentes en la productividad, lo que ha generado tensiones evidentes en determinados sectores, especialmente en las pymes, que constituyen el núcleo del tejido productivo español.

Ante esta situación, las empresas no tienen lugar para la filantropía: se ajustan. Y lo hacen de varias maneras. Por un lado, reducir la contratación o directamente eliminar aquellos puestos cuya productividad no cubra el nuevo coste salarial. Por otro lado, reestructurar internamente su escala retributiva. Aquí es donde aparece uno de los efectos más perniciosos y menos discutidos de estas políticas: la compresión salarial.

Las sucesivas subidas del SMI han incrementado el coste laboral de los trabajadores menos cualificados

Cuando los salarios de los trabajadores menos productivos aumentan a la fuerza, las empresas, para mantener su estructura de costos, tienden a limitar el crecimiento salarial de los trabajadores más productivos. Es un ajuste interno inevitable. El resultado es que aquellos empleados que aportan mayor valor no ven compensado este diferencial de productividad. Se reduce el incentivo al esfuerzo, la formación y la mejora continua. En última instancia, el capital humano se erosiona.

Este fenómeno tiene claras consecuencias en términos de movilidad laboral. Los profesionales mejor formados, aquellos en los que la economía ha invertido más recursos educativos, encuentran cada vez más atractivo trasladarse a entornos donde su productividad esté adecuadamente remunerada. La producción de talento no es una abstracción; Es una realidad creciente. Y cada partida representa una pérdida neta para la economía: se pierde capacidad productiva presente y futura.

Al mismo tiempo, el continuo aumento del SMI fomenta la automatización en determinados sectores. Esto, que en sí mismo no es negativo si responde a mejoras de eficiencia, se convierte en un problema cuando es inducido artificialmente por la presión regulatoria sobre los costos laborales. Las empresas sustituyen capital por mano de obra no porque sea la opción más eficiente en términos económicos, sino porque la regulación ha encarecido artificialmente el factor trabajo. Todo ello se traduce en un mercado laboral más rígido, con menor capacidad de absorber trabajadores, especialmente aquellos con menor cualificación. La paradoja es evidente: una medida que se presenta como protección a los más vulnerables acaba dificultando su acceso al empleo. Sin empleo no hay integración económica ni social posible.

Insistir en aumentar el SMI ante cualquier perturbación externa introduce más incertidumbre. Las empresas operan en un entorno donde la previsibilidad es clave para la inversión y la planificación. Si los costos laborales pueden modificarse de manera recurrente y con poca justificación económica, el resultado es una menor propensión a invertir y crear empleos. Así, se expulsará la inversión, algo que ya está ocurriendo. La alternativa no es decretar salarios más altos, sino crear las condiciones para que aumenten de manera sostenible. Esto implica avanzar hacia una mayor flexibilidad en el mercado laboral, reducir los obstáculos regulatorios, promover la competencia y facilitar la inversión. Es decir, permitir que la economía genere valor añadido.

Sólo mediante aumentos de la productividad se podrán sostener salarios más altos sin destruir empleos. Intentar revertir este orden –aumentar los salarios para generar prosperidad– es confundir causa y efecto. La historia económica ofrece suficientes ejemplos de los costos de este error.

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