Dos reformas legales para agilizar el socorro en desastres como la dana llevan años aparcadas
El 29 de octubre, cuando en el área de Utiel y Requena el lodo invadió calles y viñedos, los vecinos se quedaron, además, sin teléfono. La inundación había cortado el suministro eléctrico, y antenas y repetidores que dan servicio a los móviles funcionaron hasta que se les agotó la batería de emergencia. El día siguiente, el todavía recién constituido CECOPI valenciano y el comité de seguimiento de la crisis creado en Moncloa no tenían a disposición un censo de baterías, ni un listado de generadores eléctricos disponibles en las provincias limítrofes con Valencia.
En la gestión de la peor catástrofe sufrida por España en su historia reciente faltaron los datos de situación que permitieran apreciar con nitidez el volumen del desastre y organizar con más precisión la ayuda. Fuentes de la Seguridad del Estado señalan que también faltó una información esencial cuya unificación se persigue desde el fin de la pandemia de covid: los recursos disponibles en una gran crisis.
Militares, ejecutivos de Interior y bomberos consultados señalan dos medidas legales clave que llevan más de dos años postergadas. Una es una modificación de la Ley de Seguridad Nacional que regule una “contribución de recursos” para “hacer frente a los posibles riesgos o amenazas”. La otra es una ley de armonización de los bomberos que elimine trabas burocráticas como las que han retrasado dramáticamente su llegada a la zona cero de la dana.
Qué recursos hay y dónde están
En la primera semana de noviembre, con miles de coches amontonados por la riada, jefes militares barajaron enviar unos TOA (Transporte Oruga Acorazado) del Ejército, relatan las fuentes consultadas. Con su capacidad de moverse en terrenos embarrados y empinados y su potencia podían despejar de coches calles y carreteras, pero la idea se desechó porque sus cadenas destruirían el asfalto, agravando la reconstrucción.
Pero había un problema previo: los TOA deben ser transportados en camión o tren y, salvo las del Ejército, ni el Estado ni la Generalitat tienen un listado de góndolas disponibles y de dónde están.
La pandemia de covid mostró al Gobierno la urgente necesidad de contar con una reserva estratégica de mascarillas y epis, entre otros muchos medios que faltaron dramáticamente en 2020. Además de disponer la creación de una reserva estratégica, desde el Departamento de Seguridad Nacional, entonces dirigido por el general Miguel Ángel Ballesteros, se promovió reactivar la creación del Catálogo de Recursos del Sistema de Seguridad Nacional… que lleva previsto legalmente desde 2015
La reforma que quedó varada en el Congreso en febrero de 2022 prevé “la integración de la información que obre en poder de las comunidades autónomas” para “organizar la contribución de recursos y asegurar la coordinación y el intercambio de información” en una herramienta que ya existe: la Red de Comunicaciones Especiales de Presidencia del Gobierno.
Esa reforma parada propone que autonomías y ayuntamientos “elaborarán el correspondiente catálogo de recursos”, que ha de integrarse en el sistema estatal… una fuente de información -ya se verá si con datos personales- cuyo acceso deberá negociar el Gobierno con cada ejecutivo autonómico.
En busca de una medicina
Han pasado dos años, cuatro desde la pandemia, y de momento la idea solo ha echado a andar tímidamente. En abril pasado el Consejo de Seguridad Nacional detalló fases hasta que, no se sabe cuándo, un real decreto apruebe un listado con clasificación “reservado”.
Entre tanto, el Gobierno ha encargado a la ingeniería española GMV el diseño de la caja informática, la plataforma que integrará los datos de ese catálogo. En julio se cerró la adjudicación. Precio: siete millones de euros.
Las licitaciones van más deprisa que las negociaciones políticas, las que habrá que resolver para evitar en una crisis el paroxismo de la burocracia y del reparto de competencias. Cuenta la anécdota un mando de la Guardia Civil. El río Magro había anegado Utiel y Requena. Un joven de la zona necesitaba medicación contra la epilepsia. No había farmacia. Hubo que pedirla en Madrid… pero su tarjeta sanitaria es de Valencia y en las farmacias madrileñas se negaban. “Al final, menos mal que el laboratorio que lo fabrica nos dio un par de cajas”, relata, y apunta: “No hay catálogo de medicamentos críticos que almacenar si vuelve a pasarnos una desgracia de estas”.
Bomberos descoordinados
En 18 páginas de texto, el proyecto de Ley Marco de Coordinación de los Servicios de Bomberos menciona la palabra “coordinación” 58 veces. Son solo ocho más que el número de meses, 50, que esa ley lleva embarrancada en el Congreso desde que, el 18 de septiembre de 2020, consiguió Unidas-Podemos su admisión a trámite. Entre los principios básicos que contempla en su artículo 2, y para “asegurar la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente”, el texto ordena una lealtad entre administraciones que facilite la “celeridad en la información y la transparencia en la transmisión de órdenes”.
El proyecto entró en fase de enmiendas en la Comisión de Interior y, tras una a la totalidad de Junts, ha pasado “30 meses de secuestro”, lamenta Israel Naveso. En la Coordinadora Unificada de Bomberos que preside están convencidos de que esta ley “habría podido mejorar cualitativamente la respuesta de los equipos de salvamento y emergencia”, por ejemplo en la DANA.
Un vecino de Utiel colabora con su tractor en la limpieza tras los destrozos. / Gabri Solera EUROPA PRESS
Dotaciones enteras de bomberos han estado esperando horas, incluso días, antes de verse libres para actuar y saber dónde. A falta de bomberos coordinados pudiendo acceder a la zona devastada, la gente se tuvo que buscar sus soluciones. Y en ese plan “les ha ido mejor en las localidades agrarias”, comenta un general de la Guardia Civil. La razón: “en la zona rural hay tractores, y podían moverse por el barro y tirar de los coches atrapados”. En la periferia de Valencia, a la negligencia, la inexperiencia y la fatalidad se le unió “la ausencia de una legislación pertinente”, dice Naveso, “en un asunto en el que los retrasos, aunque sean de minutos, cuestan vidas”.
Bombas de achique
Habla este bombero de un sector muy influido por la desconexión entre administraciones. Él puede actuar en un incendio en el borde de la Comunidad de Madrid, extenderse el fuego a la vecina provincia de Guadalajara y sus compañeros de dos kilómetros más allá no usar el mismo canal de radio ni los mismos walky talkies.
Los bomberos de la Coordinadora, muchos de ellos hasta las cejas de barro valenciano, han visto estupefactos llegar autobombas de achique aportadas por Marruecos, cuando “en este país no existe un censo de las autobombas que tienen todos los cuerpos de bomberos”, comenta Israel Naveso.
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Este bombero está de guardia en su base madrileña de Villaviciosa de Odón cuando reflexiona para este diario: “Ningún país está libre de sufrir una catástrofe de la envergadura de la que estamos pasando. España esta en puestos de cabeza en Europa con 22.800 bomberos profesionales, pero la respuesta que se ha dado ha sido mala: faltó orden y proporcionalidad”. Para Naveso, “esto volverá a pasar, y será por la descoordinación absoluta entre las administraciones”.
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