MADRID 23 de mayo. (PRENSA EUROPA)-

Durante 2025, Instituciones Penitenciarias contabilizó un total de 529 agresiones a funcionarios que trabajan en centros penitenciarios adscritos a la Administración del Estado, de las cuales el 93% fueron catalogadas como leves o sin lesiones, y sólo siete como graves, incluido un caso muy grave.

Así se afirma en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la secretaría general dependiente del Ministerio del Interior recuerda que desde 2022 las estadísticas incluyen, independientemente de su resultado lesivo, agresiones como empujar, arrojar líquidos u objetos o escupir.

El Gobierno sostiene que este es el motivo por el que, a partir de 2022, se ha producido un aumento de las agresiones, que pasaron de 176 en 2020 y 159 en 2021 a un aumento progresivo, hasta alcanzar las 529 agresiones en 2025.

En respuesta a Vox, Instituciones Penitenciarias indica que ha puesto a disposición de los profesionales penitenciarios «elementos de protección e intervención personal adecuados».

También transmite pautas y recomendaciones como «hacer especial hincapié en la importancia de la observación y conocimiento de la población reclusa», especialmente de aquella que «denota mayor agresividad».

ACUERDO SOBRE AGENTES DE AUTORIDAD

En su iniciativa, Vox pidió garantizar la seguridad en los centros penitenciarios, algo que volvió a repetir el pasado jueves en el debate en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que aprobó el informe de la presentación para modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979 que reconocerá a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad.

En respuesta a las demandas de los sindicatos, el informe establece que los funcionarios penitenciarios reciban una indemnización por daños personales o materiales, así como que cuenten con presunción de veracidad, formación teórica específica y práctica obligatoria, y garantías de seguridad como personal de trabajo.

Tanto el PSOE como el PP han mostrado su satisfacción por el consenso alcanzado a partir de la propuesta registrada por los socialistas, ya que cumple con una demanda histórica de los trabajadores penitenciarios y cuenta con el apoyo mayoritario de los grupos, a excepción de ERC, que ha advertido del riesgo de «exceso de poder» tras «ceder a planteamientos de extrema derecha».